La misma Fiscalía estableció en 2016 ante el Tribunal Superior de Valledupar que en la fosa común número 7, “ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio” de la capital del Cesar, reposan casi 500 cuerpos y que “fueron depositados sin ningún cuidado que permitiera extraerlos ni identificarlos”, indicó El Espectador.
Sin embargo, no se ha logrado establecer cuántos de ellos corresponden a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Luz Villarreal, hermana de Orlando Villarreal Cortés que desapareció en abril de 2004 cuando dejó su natal Barranquilla para trabajar en una finca de Valledupar, está esperando aún una respuesta.
“Nos dijeron que teníamos que pagarles a los sepultureros 50.000 pesos diarios (si querían exhumación) y que (ese proceso) podía durar hasta una semana”, afirmó.
Del joven se supo cuando fue identificado en una fotografía del levantamiento que le hicieron al cuerpo después de que “supuestamente el Ejército le dio de baja como extorsionista del frente 41 (de las Farc)”, añadió Luz en el rotativo, pero la realidad es que fue asesinado por soldados del Batallón La Popa en 2004.
Fue precisamente la familia Villareal la que presentó una tutela para que el cuerpo de Orlando fuera inhumado. En el proceso, la Fiscalía reconoció que tenía conocimiento de esa fosa.
Incluso, relata El Espectador, “el Tribunal de Valledupar falló a favor de la familia y le dio 48 horas a la Fiscalía para que iniciara las gestiones y recuperara el cuerpo de Villarreal. ¿Qué ha pasado? Nada”.
Pero no son los únicos casos que contó el diario en medio de dolorosos relatos de sus familiares. También habla de cuatro jóvenes, que murieron por “un acuerdo entre oficiales de alto rango y las Autodefensas al mando de alias ‘J-10’, quien habría cometido personalmente el crimen”, entre otros.
Además, el diario asegura que Luz Villarreal da cuenta de varias madres que saben que sus hijos están esa fosa y han luchado para recuperarlos durante trece años, pero ha sido imposible.
“Quieren que aceptemos una entrega simbólica porque al Estado le sale muy costoso realizarle una prueba de ADN a cada cadáver que se encuentra allí, pero no le resultó costoso coger a un inocente, a mi hermano, y a miles de colombianos más y asesinarlos de la forma que lo hicieron. Eso al Estado eso no le pareció costoso”, afirmó al diario Karen Castro Aguirre.
La mujer es hermana de Carlos Alberto Castro Aguirre, quien fue ejecutado en 2004 por militares del Batallón La Popa del Ejército en una zona rural del Cesar.
Entre tanto, el párroco de la Catedral del Eccehomo de Valledupar, Iver de La Cruz, delegado para la administración de los cementerios, le dijo a El Tiempo:
“No todos los cadáveres que están en estos momentos en fosas comunes corresponden a N.N. sino a difuntos que han sido abandonados por sus familiares luego de un tiempo de haber finalizado el contrato de las bóvedas en arriendo en este lugar”.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió el pasado 16 de diciembre a la JEP que proteja 16 lugares de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas más víctimas de los ‘falsos positivos’.
Los sitios están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Sucre, Santander y Norte de Santander. Ninguno de ellos es el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar.
La denuncia fue hecha cuatro días después de que las autoridades completaran la exhumación de 54 cuerpos de una fosa del cementerio de Dabeiba, municipio del noroeste del país donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo en diciembre que podría haber más 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
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