Según dijo Dávila en su Twitter, esas interceptaciones, que confirmó Hernández en una entrevista con La W, se dieron cuando ella denunciaba “la corrupción de la Policía”, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero no se pudo judicializar al que dio la orden de las interceptaciones ilegales.
Por lo mismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un comunicado en el que le exige al Estado garantías para que los periodistas puedan ejercer su labor de manera libre.
Y es que en el transcurso de este año, “la Flip ha recibido varios reportes de periodistas que manifiestan haber notado irregularidades en el funcionamiento de sus celulares y que asocian a interceptaciones ilegales que tendrían como motivación las denuncias periodísticas que han hecho”, de acuerdo con el texto.
A eso se le suma las denuncias que los columnistas de Semana Daniel Coronell y María Jimena Duzán hicieron, recientemente, sobre supuestas interceptaciones a negociadores de la paz y litigantes de los casos Odebrecht y Hyundai, lo que “revive las preocupaciones por un riesgo del que la Flip ha alertado en el pasado: la ausencia de controles a la actividad de inteligencia del Estado”.
La Fundación señala que esas chuzadas ilegales no solo ponen en riesgo a los profesionales, sino también a sus fuentes, por lo que, “en la actual coyuntura, el país necesita de manera acentuada garantías para una prensa libre”.
Dávila agradeció a la Flip el respaldo que le ha dado tras confirmarse que fue chuzada.
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