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El caso del homicidio de Héctor Leonardo Alonso Santos, ocurrido el 14 de diciembre de 2015 en Armenia, Quindío, Colombia, ilustra las complejidades y desafíos que persisten en la lucha contra los “fleteos”. Este término define la modalidad criminal en la que individuos, tras vigilar a personas que retiran dinero en efectivo de entidades bancarias, los interceptan para despojarlos de sus recursos, acción que muchas veces deriva en violencia letal. Según el informe presentado por el Consejo Superior de la Judicatura, los delitos de fleteo representan una problemática vigente y constante en el país, donde la coordinación de los delincuentes y la vulnerabilidad de las víctimas constituyen elementos recurrentes.
En aquel día, Alonso Santos y su esposa sacaron $6.500.000 de un banco en el centro de Armenia. A su llegada a la residencia, ubicada en el barrio 7 de Agosto, fueron interceptados por dos hombres en motocicleta que, tras un forcejeo durante el intento de robo, dispararon a Alonso Santos provocándole la muerte. La Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado a tres sospechosos: Richard Arley Osorio Álvarez, Jhonny Andrés Echavarría (alias Johnny Bravo) y Leonardo Valencia Rojas (alias Píldora). Según la Fiscalía, existió una concertación para el delito, incluyendo la “marcación” previa de la víctima en el banco.
El proceso judicial ha estado marcado por dilaciones significativas; dos de los procesados han incumplido audiencias, aunque cuentan con representación legal. El descubrimiento probatorio, etapa clave, está programado para marzo de 2026, lo que subraya las trabas estructurales del sistema judicial colombiano. La propia Judicatura reconoce que estos retrasos se deben a la compleja tarea de localizar a los demandados y reunir evidencias sólidas para fundamentar la responsabilidad penal.
Los fleteos no son exclusivos de Armenia ni de Colombia; estudios del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Colombia advierten que el fenómeno se ha extendido en la última década, en gran parte por la actuación de bandas criminales organizadas en centros urbanos. La Policía Nacional confirma que estos grupos se aprovechan de quienes transportan sumas importantes en efectivo, replicando el mismo modus operandi: vigilancia dentro o fuera de bancos, selección del objetivo y rápida ejecución del delito.
El impacto social es considerable. Los adultos mayores y personas en situación de riesgo son víctimas habituales, lo que contribuye a un ambiente de inseguridad y desconfianza generalizada. La poca agilidad en la administración de justicia termina por perpetuar sentimientos de impunidad y, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, puede estimular la reincidencia delictiva. Este contexto demanda un papel más activo del periodismo investigativo, que, al dar seguimiento riguroso y cotejar información de fuentes oficiales y víctimas, visibiliza las debilidades institucionales.
Tanto el seguimiento periodístico como la presión social son fundamentales para visibilizar la urgencia de soluciones efectivas. El caso de Héctor Leonardo Alonso Santos se convierte, así, en un recordatorio de la necesidad de robustecer los mecanismos judiciales y de seguridad, ante una criminalidad cada vez más organizada y sofisticada.
¿Qué medidas puede tomar un ciudadano para evitar ser víctima de fleteo? El aumento de los fleteos lleva a que muchas personas busquen estrategias para protegerse al retirar sumas de dinero en efectivo. Tomar precauciones como evitar la rutina bancaria, no informar a terceros sobre movimientos financieros, y preferir transferencias electrónicas sobre efectivo se menciona como buenas prácticas en los estudios de seguridad ciudadana. Sin embargo, el contexto constante de inseguridad obliga a estar siempre alerta y, en casos frecuentes, solicitar acompañamiento policial brindado por las autoridades.
La relevancia de desarrollar estrategias personales radica en la dificultad que enfrenta el sistema judicial para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. Frente a la persistencia de estos delitos y mientras se fortalecen las capacidades judiciales y de seguridad en el país, la prevención individual es una herramienta clave para mitigar el riesgo, según los análisis realizados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana.
¿Qué significa “descubrimiento probatorio” en el proceso judicial colombiano? El término “descubrimiento probatorio” designa una etapa procedimental en la justicia penal colombiana. Es el momento en el que las partes —Fiscalía y defensa— comunican y comparten oficialmente la totalidad de las pruebas que esperan presentar durante el juicio. Esta fase es fundamental para garantizar el debido proceso, ya que permite preparar argumentos y estrategias en igualdad de condiciones.
Su importancia en casos como el de Héctor Leonardo Alonso Santos reside en el hecho de que facilitando pleno acceso a la información probatoria, se evitan dilaciones y recursos innecesarios, contribuyendo a una administración de justicia más ágil y transparente. Sin embargo, como se observa en este proceso, la demora en alcanzar esta etapa puede retrasar la resolución definitiva y el acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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