Las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre las posibles irregularidades de contratación en el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango llevaron a una nueva imputación.
Esta vez, el ente acusador imputó al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez, al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla, y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina.
Los directivos habrían participado en la contratación ilegal de la construcción de un tercer túnel para la desviación del río Cauca, túnel que eventualmente colapsó causando un desastre ambiental.
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La Fiscalía los señala de haber participado en la contratación del tercer túnel de desviación de Hidroituango. Esa construcción fue la que colapsó en abril de 2018 y esto, según el ente investigador, se debió a la acelerada e irregular contratación por la que ahora imputa a estos funcionarios de Empresas Públicas de Medellín.
Esta imputación corresponde al tercer eje investigativo que planteó el exfiscal Néstor Humberto Martínez en mayo de 2018, pero que solo hasta este año ha tenido avances.
De acuerdo con la Fiscalía, esta contratación se realizó por fuera de lo diseñado y licenciado, lo que generó sobrecostos que ascendían, a junio de 2021, a aproximadamente $340 mil millones. Por estos hechos, el ente investigador les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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Estas imputaciones se dan un mes después de las primeras que se conocieron en esta línea de investigación. A principios de agosto de 2022, fueron imputados el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
La Fiscalía afirmó que en el desarrollo de la hidroeléctrica se presentaron retrasos en la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía, retrasos que se atribuyen a una falta de planeación en las obras de desviación del proyecto.
Las obras estaban previstas para efectuarse a través de dos túneles, cuya construcción estaría a cargo del consorcio CTIFS. Los retrasos y otras irregularidades dieron lugar a la contratación del llamado sistema auxiliar de desviación del río Cauca, y sus obras anexas, contratación por la que ahora están imputados los tres directivos y los demás funcionarios.
Los negocios bajo la lupa de la Fiscalía también comprendía la construcción de un tercer túnel, o galería auxiliar, además de la terminación de otras obras que pasaron al consorcio CCC Ituango, conformado por empresas constructoras antioqueñas. En el tercer túnel fue donde se produjo el desbordamiento de la montaña, hecho que causó a que se inundara la casa de máquinas de la hidroeléctrica para evitar un desastre aún mayor.
Los otros ejes investigativos que planteó la Fiscalía corresponde a la adjudicación directa a EPM del contrato que sería para construir, operar, poseer, mantener y transferir el proyecto de Hidroituango. Por estos hechos, ya fueron imputados el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada, y el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
El otro eje tiene que ver con los falsos permisos ambientales para la desviación del afluente. Por estos hechos, se anunció que se imputará al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía, y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.
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