La implementación de esta idea permitiría tomar la muestra biológica de las personas que han capturado y las muestras recogidas en las escenas del crimen para rastrear casos similares y determinar si una persona ha participado en otros casos.
Los mecanismos de investigación mejorarían en un 80 %, según dijeron especialistas en rueda de prensa. Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, coincidió con esta idea:
“De existir el banco, podríamos reconocer si esta persona que hoy fue la causante, y se ha demostrado de este homicidio [de Génesis], pudiese haber cometido otros abusos sexuales”.
Por su parte, Daniel Mejía, director de políticas y estrategia de la Fiscalía entregó más detalles del banco genético que se propone a través de un proyecto de ley y se pretende incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo:
“Supongan que el cuerpo de Génesis, o el de Yuliana Samboní, hubiese sido encontrado sin haber identificado al perpetrador; a este hombre incinerando a la menor o haber hecho la captura del hombre que mató a Yuliana. Tenemos el material biológico encontrado en el cuerpo de estas dos niñas, si se cruza con la base de datos que se está proponiendo la Fiscalía, se podría establecer con una certeza de uno en un trillón; es decir, con un margen de error mínimo, quiénes son los perpetradores y así esclarecer los delitos”.
Esta sería la forma científica de establecer responsabilidades y rastrear la huella de los cientos de violadores en Colombia.
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Según explicó en días pasados el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la entidad cuenta con los recursos para adquirir dicho banco. El jefe del ente acusador precisó que cada análisis de ADN cuesta cerca de 200.000 pesos, lo que significaría alrededor de 45.000 millones de pesos al año.
La propuesta se la hizo Martínez a la ministra de Justicia, Gloria Borrero: “Los dineros los pondría la Fiscalía, ministra, tomados de los bienes incautados que según la Ley de extinción de dominio, el 25% le correspondería a la Fiscalía General de la Nación”.
La propuesta fue aceptada por la Ministra de Justicia para incluirla dentro de la política criminal de este gobierno.
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