En un documento de 245 páginas dirigido al magistrado Gerson Chaverra y firmado por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía, señaló:

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”.

Basado en eso, el funcionario pidió que “confirme integralmente la sentencia proferida por la Sala de casación Penal el 16 de julio de 2014″, , como se lee en el concepto publicado en su totalidad por W Radio.

Eso significa que le pide mantener los que estableció dicho fallo, que hace solo cinco días fue impugnado por la defensa de Arias.

Según la petición de 460 páginas del exministro, esa condena debería tumbarse porque “la Corte se basó en un sesgo en el examen de las pruebas, por tener en cuenta simples sospechas, imaginaciones, conjeturas, suspicacias o especulaciones”, reseñó Noticias Caracol.

No obstante, entre los argumentos de la Fiscalía está precisamente el análisis de esas pruebas, pues señala que la Corte analizó detalladamente las pruebas para analizar la culpabilidad de Arias en el caso de corrupción relacionado con los subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS), durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Dos de esas razones fueron:

1. Estaba acreditada la posición distinguida que el exministro ocupa en la sociedad, al haberse constatado que tiene un grado de educación superior al promedio de los ciudadanos, que ha ocupado cargos públicos de relevancia permitiéndole alcanzar una posición política que goza de reconocimiento en el territorio nacional. Adicional a ello, la Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS.

2. El alto tribunal hizo un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Andrés Felipe Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiaros, quedando así demostrada la segunda circunstancia de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al exministro.