Francisco Bustos, procurador delegado en el proceso, indicó ante el juez de control de garantías que la Fiscalía no ha entregado suficiente evidencia para vincular el pago de un soborno a Bermeo y el senador Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil con la intención de retrasar la extradición del exjefe guerrillero.

“No hay evidencia ni información que nos permita inferir cómo llegó el caso de ‘Santrich’ a ser objeto de esa negociación, quiénes fueron los interesados, o qué propósito se buscó con eso. Eso tendrá que aclararlo e investigarlo la Fiscalía General de la Nación”, señaló el funcionario citado por Blu Radio y CM&.

Además, el delegado el Ministerio Público también expuso que el material probatorio que ha presentado la Fiscalía tampoco es indicio para asegurar que la organización delictiva que aparentemente conformaban Bermeo, Gil y las otras tres personas capturadas hubieran incidido para que la carta de la JEP que pedía las pruebas contra ‘Santrich’ no llegara a Estados Unidos.

“Sobre la carta perdida, no hay claridad máxime cuando hay que distinguir quién es la fuente y quién el agente encubierto. […] Casi que lo presentan como si hubiese sido obra de ellos o de él, pero cuando la fuente lo interroga sobre si tuvieron algo que ver. Bermeo nunca responde ni sí ni no, sino intenta evadir la conversación diciendo que eso ya está dañado pero nunca dice sí, nosotros lo hicimos”.

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La Fiscalía, por su parte, asegura que Bermeo se infiltró en la JEP con la intención de delinquir: “Mancilló de manera grave el buen nombre de la Jurisdicción de Paz”.

En la audiencia de este miércoles, el fiscal del caso aseguró que os capturados incurrieron en un concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Esa hipótesis también la negó el procurador delegado, pues dijo que si bien existen indicios para cometer esos delitos, no hay certeza de que Bermeo enviara droga al exterior.

“Eso nos está significando que el propósito de esta organización delictiva era también cometer delitos de narcotráfico  delitos contra la salud pública. La respuesta que el Ministerio Público tiene que dar es no”.