Mientras el gobierno Petro avanza en las negociaciones de paz con ese grupo armado, la Fiscalía acusó formalmente al comando central y a otros cabecillas del Eln por el atentado terrorista  del 17 de enero de 2019, en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. Irán a juicio penal por homicidio, actos de terrorismo y rebelión agravada.

Como presuntos responsables del atentado, en el cual fallecieron más de 20 uniformados, fueron acusados como miembros del comando central Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Erlinto Chamorro, alias ‘Antonio García‘; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’ y Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’.

Asimismo, de la mal llamada dirección nacional del Eln fueron acusados Juan de Dios Lizarazo, alias ‘David Piñata’; Ciprina Isabel Real, alias ‘Tania’; y Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’. En otro frente investigativo, la Fiscalía avanza en juicio contra otras seis personas que habrían participado en la logística y preparación del ataque.

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En enero de 2019, un carrobomba ingresó por una de las porterías de la Escuela General Santander. El vehículo era conducido por José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘El Mocho‘, quien es autor del único presunto ataque suicida en la historia de conflicto nacional. Además de la veintena de asesinatos, resultaron heridos hasta 80 policías.

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Tal fue la gravedad del atentado que el entonces presidente Iván Duque ordenó la suspensión de los diálogos con el Eln, con miras a un acuerdo de paz. Recién este año, con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, se reactivaron las conversaciones para desarrollar un proceso de justicia transicional en La Habana, Cuba. La Fiscalía, el mes pasado, suspendió órdenes de captura contra negociadores del grupo guerrillero.

Lo último que se sabía del caso es que un juzgado de Bogotá condenó al Ricardo Andrés Carvajal. En la historia entra como la persona que arrendó la bodega, en Santa Librada, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada en el acto terrorista. La Fiscalía interceptó una llamada en la cual se autoincriminó y aseguró esconderse de las autoridades. Permanece en La Picota, en la capital.

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