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La Fiscalía General de la Nación asestó un golpe significativo contra la estructura criminal conocida como ‘Los de la Pradera’, una red dedicada al tráfico ilícito de marihuana en el suroccidente colombiano. Esta red, según lo informado por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, coordinaba el transporte de grandes volúmenes de marihuana por rutas que atravesaban desde el Cauca y Valle del Cauca hasta ciudades clave en el Eje Cafetero, así como al norte, centro y oriente del país. La reciente operación, en articulación con la Policía Nacional y su Seccional de Investigación Criminal (Sijín), permitió la judicialización de cuatro presuntos integrantes clave, quienes cumplirán medida de aseguramiento en prisión.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional permitieron establecer el complejo funcionamiento interno de esta organización. ‘Los de la Pradera’ operaban principalmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Quindío, enfocándose en el tráfico de marihuana tipo cripy. El proceso se iniciaba con la adquisición de la marihuana en zonas productoras identificadas en el Cauca, especialmente en Tacueyó y Miranda. Luego, la droga era almacenada en bodegas estratégicamente ubicadas en las afueras de Cali y en espacios residenciales en Palmira y Santiago de Cali.
Una vez acopiada, la marihuana era sometida a sofisticadas técnicas de camuflaje: se ocultaba entre alimentos, bebidas, madera y diversos productos comerciales dentro de camiones y tractocamiones. Este método dificultaba la detección por parte de las autoridades y permitía el envío de aproximadamente 500 kilogramos de marihuana cada quince días hacia departamentos como Quindío, Antioquia y las principales ciudades de la región Caribe: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La droga era finalmente distribuida en expendios locales, lo que generaba importantes beneficios económicos para la organización criminal.
En los operativos, la Fiscalía detuvo a Jhon Freddy Morales Jagua, alias ‘Bola’, presunto líder y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias ‘El Varado’, encargado del camuflaje y transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias ‘El Costeño’, responsable del acopio y planificación logística; y José Julián Manrique Tovar, propietario de los vehículos empleados en las operaciones clandestinas. Estos arrestos se llevaron a cabo en Miranda (Cauca), Yumbo y Cali (Valle del Cauca), y Armenia (Quindío), con cargos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.
Durante las diligencias se incautó evidencia fundamental, entre la que se cuentan cinco teléfonos celulares, un camión y documentos de carga que facilitarán la judicialización de los implicados. Además, se decomisaron 349 cajas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $643 millones de pesos, y cerca de dos toneladas y media de marihuana producto de varias operaciones previas. Se destaca que ya habían sido capturadas nueve personas en flagrancia y seis vehículos utilizados por la red, impactando severamente la capacidad logística y financiera de los traficantes.
La desarticulación de ‘Los de la Pradera’ representa un avance en la lucha contra el narcotráfico en la región, al neutralizar la infraestructura que facilitaba la distribución masiva de sustancias ilícitas desde el suroccidente hasta distintas partes del país. Según las fuerzas públicas, estos resultados debilitan el entramado logístico del crimen organizado, aunque reconocen que se trata de un golpe importante y no definitivo a las redes dedicadas al tráfico de drogas.
¿Qué consecuencias legales enfrentan los miembros de una estructura criminal desmantelada? Entender la relevancia de las consecuencias legales que afrontan los integrantes de bandas como ‘Los de la Pradera’ resulta fundamental para contextualizar el impacto de los operativos en la seguridad y justicia nacional. En este caso, los señalados deben responder principalmente por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, además de la destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles, cargos que pueden acarrear penas de privación de libertad y decomiso de propiedades, en un esfuerzo coordinado de la Fiscalía y la Policía Nacional por debilitar las bases financieras y logísticas del narcotráfico en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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