Luego de analizar más de 30 horas de video, la Fiscalía General de la Nación ordenó el pasado lunes 22 de agosto la captura del coronel de la Policía Benjamín Núnez y otros diez uniformados por los asesinatos de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, en el corregimiento de Chochó, Sucre.
Algunas horas después de publicadas las órdenes, las autoridades lograron la detención de la mayoría de los policías implicados. El único que todavía no ha podido se capturado es Núñez, quien salió del país con destino a Panamá y que, de acuerdo con los informes de la fuerza pública, actualmente se encuentra en México.
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Fiscalía: coronel Benjamín Núñez disparó a jóvenes en Sucre
Este miércoles 24 de agosto, el fiscal encargado del caso aseguró que el coronel “les disparó a los jóvenes”. La versión de que Núñez accionó su arma de fuego coincide con la que fue entregada por dos agentes que presenciaron los hechos.
La declaración se produjo en la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, donde el fisccal precisó que el uniformado hirió a Carlos Ibáñez en el brazo, abdomen y tórax. De igual modo, manifestó que Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo recibieron impactos de bala en el tórax.
Los jóvenes fueron aprehendidos por, supuestamente, ser integrantes del ‘Clan del Golfo’ y haber estado involucrados en la muerte del patrullero Diego Felipe Ruiz. Según especificó el fiscal, a las víctimas las golpearon “sin fundamento” y luego las subieron a una camioneta, donde estaba el coronel Núñez. Para ese momento, todavía “estaban con vida”, puntualizó el investigador. Fue en ese instante en el que el coronel les disparó.
Los demás uniformados implicados participaron en diversas circunstancias durante el crimen. Por ejemplo, los policías de Infancia y Adolescencia, Uber Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta, Bernardo Portón y Leila Ávila Pestana detuvieron a los jóvenes, los amenazaron con sus armas y los obligaron a tirarse al suelo.
“Todos conocieron de manera directa lo que sucedía, sin evitar que sucedieran los hechos, y no pusieron en conocimiento de las autoridades el accionar ilícito”, concluyó el fiscal.
Los uniformados deberán responder por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tortura.
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