Olga Tristancho, fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá tiene un salario de $28.976.949 y, por el decreto presidencial que cobija a trabajadores públicos con sueldos superiores a $10.000.000, a ella le deberán descontar $5.435.390 mensuales correspondientes al cobro del impuesto solidario para atender la crisis del coronavirus en el país, señaló el noticiero.
Sin embargo, añadió el medio, la funcionaria recurrió a una acción de tutela en la que alegó que se le está afectando su mínimo vital, por lo cual exigió que no se le cobre el mencionado impuesto sobre su salario.
“Es inminente que el próximo 30 de mayo de 2020 se me realice el abusivo descuento por este impuesto, alterando mi mínimo vital y móvil, mi dignidad, el debido proceso y mi derecho al trabajo por el injusto trato desigual”, indica uno de los puntos del documento correspondiente a la tutela, publicado por el informativo.
En su petición, agregó el noticiero, Tristancho enumeró varios de sus gastos que, sumados a deducciones de nómina, suman $26.667.254 sin contar con el mencionado gravamen.
El juez ad hoc que resolvió el recurso legal ordenó a la dirección ejecutiva de la Fiscalía no cobrarle el impuesto a la funcionaria, pero aún falta que dicha tutela sea fallada en segunda instancia en la Corte Constitucional, donde podría ser seleccionada para su estudio, aclaró el medio de comunicación.
El impuesto solidario al que se refiere Noticias Uno es el contemplado en el Decreto 568, expedido el pasado 16 de abril, con el cual se busca “atender a las familias más vulnerables” frente al impacto económico de la pandemia de la COVID-19, indicó en su momento el presidente Iván Duque.
Dicha norma, emitida dentro de la emergencia económica declarada en el país por la pandemia, establece que los funcionarios con un salario superior a los $20 millones, como el de la fiscal Tristancho, “deberán aportar” el 20% de su sueldo durante 3 meses para ese fondo solidario.
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