La decisión sobre la finca y vehículos de la sociedad Las Colinas de Guasca, de la que Fernando Sanclemente —exembajador de Colombia en Uruguay— fue representante legal, la tomó un fiscal que impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder a las propiedades, informó la Fiscalía.

La extinción de dominio de los predios y carros, propiedades avaluadas en 150.000 millones de pesos —de acuerdo con el ente acusador—, se llevará a cabo cuando termine la emergencia sanitaria por la COVID-19; es decir, a finales de agosto.

En febrero del años pasado, la Dijín, la Dirección de Antinarcóticos, la DEA y la Fiscalía hicieron un operativo en la finca, donde hallaron el laboratorio de cocaína. En esa actividad se produjo un incendio forestal. El laboratorio estaba camuflado con vegetación, indica el reporte de las autoridades.

Cuando fue consultado por los medios, Sanclemente se declaró “completamente sorprendido”, por lo que pidió una licencia para apartarse del cargo, para concentrarse en su defensa. No obstante, poco después presentó su carta de renuncia.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que iba a vincular al exembajador a un proceso penal por este caso, pese a que sus abogados manifestaron que no había evidencia para vincularlo a él, a su familia o a sus socios.