El anuncio realizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 3 de junio de 2025, sobre la convocatoria a una consulta popular por decreto, ha generado fuertes reacciones en el panorama político nacional.
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La decisión, comunicada durante una alocución presidencial, agudizó la ya intensa discusión pública sobre su constitucionalidad y sobre los límites del poder ejecutivo frente al legislativo.
La propuesta presidencial surge después de que la plenaria del Senado rechazara, el pasado 14 de mayo, la iniciativa de recurrir a este mecanismo de participación ciudadana para avanzar con la reforma laboral. Aunque la Comisión Séptima del Senado había dado vía libre a la apelación del proyecto, el rechazo en la plenaria fue interpretado por varios sectores como un bloqueo definitivo al debate legislativo.
Ante este escenario, el presidente Petro justificó su decisión alegando que el Senado no cumplió con los procedimientos establecidos por la Ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso. Según Petro, la consulta popular no fue debidamente discutida ni tramitada, lo que justificaría su intervención mediante un decreto para que el pueblo colombiano decida directamente, a través del voto, el rumbo de la reforma.
Federico Gutiérrez criticó decisión de Petro sobre consulta popular
La decisión presidencial encendió las alarmasen diferentes sectores políticos, especialmente en las alcaldías de las principales ciudades del país. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, a través de sus redes sociales, rechazó tajantemente la iniciativa y calificó el anuncio como una “ruptura institucional”.
Gutiérrez afirmó que este tipo de decisiones pueden abrir la puerta a prácticas autoritarias en Colombia, comparando el actuar del presidente con los modelos de regímenes dictatoriales, donde se busca debilitar el orden democrático y concentrar el poder en el Ejecutivo. En sus palabras, esto representa un intento por perpetuarse en el poder, lo cual genera una amenaza real para la estabilidad del sistema democrático.
El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía y a los órganos del Estado a “rodear a las instituciones” y a defender la Constitución de 1991, advirtiendo que este tipo de decretos desestabiliza el marco legal y profundiza la polarización política en el país.
Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima.
Lo que dijo @petrogustavo hace poco minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica…— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 4, 2025
Argumentos del presidente Petro para decretar la consulta popular
Frente a las críticas, el presidente Petro defendió su postura indicando que, en una democracia, la soberanía reside en el pueblo, y que los ciudadanos tienen el derecho de pronunciarse directamente sobre asuntos de alto impacto social y económico, como la reforma laboral. Durante su alocución, el mandatario también hizo mención a supuestas amenazas contra su vida, aunque no presentó pruebas concretas ni ofreció mayores detalles al respecto.
Para Petro, el bloqueo en el Congreso evidencia la necesidad de acudir directamente al pueblo para resolver una situación que, en su opinión, ha sido saboteada desde las instituciones tradicionales. La consulta, bajo este argumento, serviría como herramienta legítima de participación democrática y como vía para romper la parálisis legislativa.
La propuesta de convocar a una consulta popular por decreto ha reavivado el debate sobre los límites de la figura presidencial y la separación de poderes en Colombia. Muchos juristas y analistas advierten que esta medida podría vulnerar el orden constitucional, dado que la convocatoria a mecanismos de participación debe seguir un trámite específico dentro del Congreso de la República, especialmente si se trata de reformas estructurales como la laboral.
El rechazo del Senado, que se produjo con una votación de 49 en contra y 47 a favor, fue calificado por el presidente como una decisión “irregular”, lo que ha incrementado la controversia jurídica en torno al procedimiento.
Mientras tanto, sectores académicos, constitucionalistas y exfuncionarios públicos han enfatizado que las consultas populares deben respetar los principios del Estado de derecho, y no pueden convertirse en instrumentos para evitar los controles y equilibrios propios del sistema republicano.
La discusión sobre esta convocatoria evidencia el alto grado de polarización política que atraviesa Colombia. Mientras algunos sectores consideran la consulta como una forma válida de activar la participación directa del pueblo, otros la perciben como un intento de socavar al Congreso y concentrar el poder en el Ejecutivo.
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