Un inoportuno silencio se apoderó de la Casa de Nariño tras las denuncias por abuso que involucraron al profesor Víctor De Currea-Lugo, quien estuvo a muy poco de ser embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos.

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Aguafiestas, inquisidoras, aves de rapiña, insoportables, generadoras de odio y otros adjetivos violentos fueron usados en contra de mujeres y feministas que se atrevieron a cuestionar la reserva del presidente Gustavo Petro y que le recordaron que en la campaña había dicho que las mujeres serían prioridad en “el gobierno del cambio”.

Frente a ese llamado de atención, el primer mandatario sugirió que las críticas no eran justas porque su Gobierno trabaja en la reglamentación del Ministerio de la Igualdad y porque “la vicepresidenta es mujer, la mitad del gabinete son mujeres, las políticas públicas son destinadas, en su mayoría, a la mujer y por tanto el presupuesto”.

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Sin embargo, la molestia no tenía que ver con eso: “Uno de los pilares de su programa de Gobierno es cero tolerancia con cualquier forma de violencia contra las mujeres, niños, jóvenes y poblaciones diversas (…) si consideran que cualquier crítica es un ataque, está muy mal. Buscamos fortalecer el proyecto político progresista, que debe acoger nuestras reivindicaciones”, dice Ángela María Robledo, feminista y exrepresentante a la Cámara.

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Igualmente, hay quienes argumentan que Petro no se puede escudar en la paridad política porque es lo mínimo. La misma Ley de Cuotas, en una acción afirmativa, establece que al menos el 30 % del gabinete debe estar conformado por mujeres.

Según la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) “la participación política es un avance, pero no eso todo lo que queremos alcanzar. De hecho, la paridad es un medio para alcanzar otros fines”.

A su vez, para Viviana Bohórquez, abogada feminista y directora del grupo Jacarandas, la paridad en el Gobierno “es un intento, porque si miramos los otros cargos del Estado, falta mucho para alcanzarla”.

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