Durante el conflicto armado entre las antiguas guerrillas de las FARC y el Estado colombiano, la etnia kankuama sufrió crímenes de guerra y de lesa humanidad que aún se siguen presentando en el territorio, según afirmó el cabildo gobernador del pueblo kankuamo, Jaime Luis Arias, en el marco audiencia de reconocimiento de verdad de los 12 miembros del Ejército Nacional, liderada por la JEP, en Valledupar.
Arias dijo además que estos casos como homicidios, desapariciones forzadas, señalamientos, estigmatización y amenazas a líderes y autoridades, torturas, secuestros, lesiones personales y desplazamiento forzado, ocasionaron que la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009 los declarara “en situación de riesgo de exterminio físico y/o cultural”, con medidas cautelares y provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
“En nuestro caso el pueblo kankuamo, lamentablemente somos uno de los pueblos indígenas con mayores desarmonías ocasionadas en la larga duración de las violencias, debido al abandono estatal, victimizados por todos los actores legales e ilegales, las cuales se agudizaron en el marco del conflicto armado reciente”, sostuvo Arias.
El cabildo gobernador agregó además que, “el involucramiento de kankuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva de pueblo, si no a circunstancias y/o parte de las estrategias de la guerra misma, con la finalidad de profundizar un genocidio étnico tanto físico como cultural”.
En el proceso judicial participan las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas en el caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, subcaso Costa Caribe, durante el periodo investigado (2002-2005). En el Batallón La Popa se identificaron por lo menos 9 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate por parte del Ejército Nacional en contra del pueblo kankuamo.
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“Siendo todo esto una grave desarmonía directa contra la pervivencia física y cultural, el buen nombre y la honra del pueblo kankuamo. Paradójicamente para la fecha de los hechos, el pueblo kankuamo era beneficiario de medidas cautelares (2003-2004) y medidas provisionales (2004-2011) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y a pesar de ello, no se detuvo la barbarie en contra de nuestra población, al contrario, se transformó”, resaltó el cabildo gobernador.
Asimismo, más de 400 miembros del pueblo kankuamo fueron asesinados, incluyendo decenas de ellos presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, así como los más de 60 casos de desaparición forzada y más del 40 % de la población kankuama desplazada forzosamente residiendo en diversos lugares del país, principalmente en ciudades como Valledupar, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Riohacha.
Frente al momento histórico, el cabildo precisó que es el “momento de cultivar la paz”, a través del reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas, asimismo la intervención del Estado colombiano en cuanto a la acciones para preservar los derechos fundamentales de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“En este caso, para que haya verdad y justicia restaurativa desde nuestro principio de Gobierno que tiene como mandato cuidar la vida. Demandamos conocer el origen de estas desarmonías, ¿desde dónde se pensó e ideó la estrategia de exterminio de nuestro pueblo? ¿Quiénes tienen la mayor responsabilidad cuando establecieron esta política y ordenaron ejecutarla?”, acotó Arias.
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Entre tanto, en la radiografía de los ‘falsos positivos’ ocurridos en el Batallón La Popa, en la Costa Caribe, la JEP reveló que las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón La Popa, entre los años 2002 y 2005, causaron daños y sufrimientos a las víctimas, a sus familiares, a las comunidades, a los pueblos indígenas y a los territorios ancestrales.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los pueblos indígenas wiwa y kankuamos sufrieron un daño grave diferenciado y desproporcionado por causa de los falsos positivos.
“Los crímenes llevaron a una ruptura en el sistema de creencias, la confianza colectiva, la imposibilidad de realizar los duelos y el miedo crónico. Sus modos de vida y su forma de ver el mundo, así como sus relaciones con el territorio fueron afectados”, explicó la Sala.
Ante esta situación, Jaime Arias, victima acreditada en el caso 03 Costa Caribe, indicó que, “nuestros mamos y mayores siempre nos han dicho que la sangre, el uso de armas, los bombardeos al territorio, afecta la armonia y nos enferma a nosotros”.
De los 127 casos de asesinatos documentados por la Sala, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, 12 corresponden a miembros de las dos etnias (wiwa y kankuamo), de ellos tres jóvenes wiwa, entre estos, una niña indigena de 13 años que se encontraba en embarazo.
Uno de los sujetos procesados en las actuaciones ante la JEP para el caso en mención, Carlos Andrés Vergara, excomandante del grupo especial Trueno, justificó los homicidios a niños, niñas y adolescentes.
“Entrar en contacto en franca lid en su defecto, y yo dejar de disparar o de apuntar porque lo veo muy pequeño o con cara de niño. No. Yo siempre he considerado que los actores principales y más peligrosos de la guerra son los niños o los menores de edad. Entonces para mí, un niño en la guerra no es digno ni de lastima”, puntualizó Vergara.
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