La revelación la hizo el magistrado Óscar Parra, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la imputación contra 15 miembros del Ejército Nacional a los que acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso 03, conocido como ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe.

El magistrado, que integra la Sala de Reconocimiento, dijo que los militares implicados hacían parte del Batallón La Popa, y que las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” por algunos uniformados, entre 2002 y 2005, “corresponden a delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”.

Sobre ese caso puntual, Parra dijo que la investigación arrojó que estos resultados operacionales corresponden a “dos patrones macrocriminales”, y que uno de ellos se dio por una alianza con grupos paramilitares bajo “una lógica contrainsurgente”.

“Los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar (…) para presentar como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares”, aseguró el magistrado, y dijo que esta alianza se dio entre “la comandancia del batallón y los paramilitares del frente ‘Mártires del Cacique de Upar’, del Bloque Norte de las AUC”.

El primer patrón indica, según Parra, “que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno”.

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En cuanto al segundo patrón que menciona la JEP, en un comunicado, está el que se seleccionaron a las “víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron con promesas de trabajos, para captarlas y asesinarlas“.

Fue así como el tribunal de paz determinó que este tipo de asesinatos sistemáticos se cometieron debido a la “presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar”, lo que llevó a que se presentaran bajas en cantidad “sin importar el origen de las víctimas”.

JEP dice que altos oficiales del Ejército daban premios por número de bajas

Otro dato que entregó el magistrado fue que altos oficiales de “la comandancia” del batallón La Popa, entregaron “reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero” para ‘incentivar’ a sus hombres.

Entre los 15 militares imputados están los tenientes coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Infantería No. 2 La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa, que lo reemplazó entre 2004 y 2005.

Allí también figuran tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales.

Finalmente, el magistrado sentenció que ese fenómeno de ‘falsos positivos’ “no corresponde simplemente a manzanas podridas, sino a una organización que permitió la fuerza pública en su interior”.

Así las cosas, los 15 militares tendrán ahora 30 días hábiles para decidir si aceptan o no los cargos, y en caso de que la respuesta sea negativa enfrentarán un juicio con condenas de hasta 20 años de cárcel.

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