Médico especialista en gerencia de salud, Guillermo Grosso se movía a sus anchas por el sector de la salud cuando desde 2016, junto a dos socios y una funcionaria de la Superintendencia de Salud, acordaron formar un entramado para enriquecerse. Este martes, el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá anunció que condenará a Grosso por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, pues concluyó que con su actuar, “cruzaron el límite de lo que es legal” y se comportaron como una organización criminal.
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El juez aseguró que la Fiscalía pudo demostrar al menos tres sobornos que Grosso y sus socios, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, le ofrecieron a la exsuperintendente delegada para la vigilancia, Eva Katherine Carrascal, para que desde su cargo tomara decisiones que terminaron beneficiándolos económicamente. “No se le puede estar pagando, no se le puede estar prometiendo dádivas a una funcionaria por conductas que tienen que ver con su labor. Es ahí donde se configura el concierto para delinquir”, reprochó el juez.
Ya a finales de 2021, Carrascal fue condenada por estos hechos. Según dijo la Fiscalía en ese momento, “Guillermo Grosso Sandoval, expresidente de la liquidada Cafesalud EPS, y otras personas realizaron transferencias bancarias, entregaron cheques y dinero en efectivo a la exfuncionaria para que los favoreciera”. En total, la justicia determinó que le entregaron $300 millones a la exfuncionaria de la Superintendencia de Salud. Según el juez del caso de Grosso, el ente investigador logró demostrar al menos tres sobornos.
El primero, que Grosso y sus socios le entregaron millones a Eva Carrascal para que comprara un apartamento al norte de Bogotá “a cambio de intervenir para agilizar el pago de cuentas médicas adeudadas por Cafesalud EPS a Medical Corporation”, según dice el escrito de acusación. Un segundo soborno fue ofrecido a la exfuncionaria para que agilizara el proceso de reorganización de Ecoopsos EPS, ya que Grosso, Colmenares Russi y Peña Ramírez saldrían beneficiados del negocio.
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Finalmente, a Carrascal le ofrecieron otra tajada para que revocara ciertos permisos a algunas EPS y sus usuarios fueran trasladados a la EPS Cajacopi, donde trabajaba Peña Ramírez. “Podrían tener empresas legalmente constituidas, atender a pacientes, pero traer a Eva Carrascal cruzó la línea, sobretodo porque la traen con la promesa de un pago”, reprochó el juez a Guillermo Grosso. Además, a partir de las interceptaciones telefónicas y otras pruebas que aportó la Fiscalía, declaró que se había demostrado que quien introdujo a Carrascal al negocio ilícito fue Grosso.
La Fiscalía pidió que Grosso reciba una condena de seis años de prisión, pero mientras el juez define el monto de la pena, el expresidente de Cafesalud tiene otros líos pendientes con la justicia. Por ejemplo, a mediados de 2022, el ente investigador le imputó nuevos cargos porque, según el búnker, “le propuso a un amigo crear un Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) y licitar ante Cafesalud para quedarse con dos contratos para atender a 70.000 pacientes en el norte de Bogotá”.
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