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El antiguo secretariado de las Farc –que se acogió al Acuerdo de Paz en 2016– aseguró que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha perdido el norte y dejó de cumplir las funciones para las que fue creada. Todo esto, ante el posible pedido de extradición de uno de sus miembros y ante la aparente quietud para emitir decisiones de fondo del tribunal especial.
“La JEP se ha atribuido funciones que no le corresponden y que, de hecho, si todo sigue así, van a terminar burlando los derechos de las víctimas”, dijo Julián Gallo, senador del partido Comunes y exintegrante del Secretariado, donde era conocido con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’ en una rueda de prensa.
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La desazón de los exguerrilleros se originó con un auto proferido por la Sección de Reconocimiento el 12 de abril. En el documento, la JEP, que negó libertad a Mancuso, afirmó no tener competencias en el caso que investiga a Rodrigo Granda por su posible participación en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo, Raúl Cubas.
Ese pronunciamiento, en todo caso, abrió la puerta a una posible extradición de Granda. De hecho, Andrés Casatti –abogado de la familia de Cecilia– afirmó que solicitará a las autoridades colombianas la extradición del excabecilla de las Farc.
De acuerdo con los excombatientes, el Estado estaría incumpliendo los compromisos adquiridos. En este caso particular, según dicen, la JEP debería conceder la mayor parte de amnistías posibles.
La JEP, por su parte, aseguró que –hasta marzo pasado– se habían concedido 701 amnistías y se habían negado otras 3.921. Explicó que las amnistías se conceden a una persona por delito y que, por tanto, un compareciente puede tener un delito amnistiado y otros procesos abiertos en la misma jurisdicción.
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El antiguo Secretariado también criticó el hecho de que la JEP –después de siete años de la firma del Acuerdo– tenga cero sentencias y cero sustituciones sanción penal ejecutadas.
“Nosotros hemos asumido responsabilidades por una cantidad de delitos y estos señores en siete años no han sido capaces de dictar una sola sentencia. Aun cuando hemos reconocido responsabilidades de carácter político por nuestro papel como último secretariado de las Farc-EP”, añadió el senador Gallo.
El antiguo secretariado pidió a la JEP que cumpla con lo que se acordó en el Acuerdo y proceda con celeridad a emitir las sanciones. Añadieron que la Jurisdicción Especial ha ejecutado un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos desde su creación.
“Nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con las víctimas, con la verdad y con mantenernos dentro del espíritu de lo que firmamos con el Estado colombiano. Pero no vamos a renunciar a la defensa de nuestros derechos como ciudadanos y como gente que firmó un Acuerdo de Paz”, puntualizó Gallo.
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