Hay más condenas contra una banda integrada por ciudadanos barranquilleros que realizó préstamos en entidades bancarias de Caldas a nombre de unos 50 docentes por valor de $ 1.000 millones.
Las más recientes son contra Pabla Isabela Padilla Rivera, de 65 años, y Germán Enrique Salas Ávila, de 55, sentenciados por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales por concierto para delinquir, uso de documento falso y falsedad en documento privado.
Pabla, condenada a cinco años de prisión con detención domiciliaria (responde por la mamá), pidió un crédito de $14 millones que no fue desembolsado y sirvió de codeudora de un sujeto que suplantó a otro docente para un préstamo de $15 millones, entre otros.
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Salas, sentenciado a 7 años y dos meses de cárcel (lo mandaron a La Blanca), pidió otros prestamos de $ 12 millones, $ 28 millones, $ 26 millones y $ 11 millones; y se hizo pasar como codeudor para otros créditos de $ 14 millones, $ 30 millones y $ 24 millones, entre otros.
Así operaba
Esta organización delincuencial se lucraba de las cuenta de algunos profesores, pero ellos ni lo sabían. Se las ingeniaban para tumbar a educadores del departamento usando bancos y cooperativas para sus fines ilícitos.
Primero accedían a bases de datos de integrantes del magisterio, seleccionaban a aquellos con buena capacidad de endeudamiento, obtenían sus cédulas, las falsificaban y los suplantaban para solicitar créditos en diferentes entidades, que oscilaron entre $ 15 millones y $ 40 millones.
Antes de pedir prestado iban a la Secretaría de Educación de Caldas a solicitar los certificados laborales y desprendibles de pago. Luego se dirigían al Banco Agrario, a Bancolombia, así como a las cooperativas Ceocal, Cidecal, Coocalpro e incluso Confa, en sus sedes de diferente municipios.
Llegaban a las oficinas y se presentaban como docentes, llenaban formularios y documentos para solicitar los préstamos. El fraude acababa cuando les aprobaban el crédito y se los desembolsaban. La deuda le quedaba al docente, que ignoraba que lo habían suplantado.
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Estas personas operaban desde diferentes partes del país y según la investigación de la Sijín, se supo que desde abril del 2017 empezaron a solicitar créditos en Ceocal, Cidecal y Coocalpro, pidiendo incluso ser afiliados (en otros casos suplantaron a profesores ya afiliados).
En grupo
“Se acercaban de a dos, para ser deudores y codeudores, roles que intercambiaban. Por esa época lograron el desembolso de tres créditos de $ 303 millones, $ 78 millones 710 mil y $ 75 millones”, contó la Fiscalía.
En diciembre de ese año dejaron quietas a las cooperativas y pusieron sus miradas en los bancos. Allí fue más fácil, pues no les pidieron ser afiliados, ni contar con codeudor. En el Agrario lograron créditos por $ 294 millones 705 mil y en Bancolombia por $ 54 millones 900 mil.
En mayo y junio de 2018 desfalcaron a Confa por un monto de $ 138 millones. Se estableció que este grupo operó de la misma manera en departamentos como Risaralda, Huila, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Boyacá.
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