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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció recientemente que Estados Unidos ha decidido excluir a Colombia de la lista de países que cumplen con los estándares en la lucha contra el narcotráfico. Este hecho significa un giro relevante en la política antidrogas entre ambos países, generando debate sobre la efectividad de las estrategias tradicionales de erradicación de cultivos ilícitos. Petro criticó la erradicación forzada como medida prioritaria, señalando el reciente ataque en Antioquia donde perdieron la vida 13 policías durante una operación antinarcóticos, y defendiendo la erradicación voluntaria como una opción más humana y sostenible, de acuerdo con la fuente original.
Colombia ocupa el primer lugar mundial en producción de cocaína, con aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa en torno a dos tercios del total global, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta situación repercute directamente en la seguridad interna del país y afecta sus relaciones internacionales, especialmente en el ámbito geopolítico y social.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha llamado la atención sobre el incremento récord en los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia durante la administración de Petro. Además, ha cuestionado el enfoque negociador con grupos armados relacionados con el narcotráfico, considerando que esto agrava la crisis. La última vez que una medida de “descertificación” se aplicó a Colombia fue en 1997, generando un impacto negativo en la cooperación antidrogas y debilitando respaldos estratégicos, conforme a la fuente original.
La propuesta alterna de Petro, centrada en la erradicación voluntaria, está respaldada por estudios como los de la Fundación Ideas para la Paz, que señalan que la erradicación forzada podría aumentar la violencia y el resentimiento social. Dichos análisis resaltan que los enfoques basados en incentivos y desarrollo alternativo fomentan mayor confianza y reducen la presencia de actores armados ilegales. No obstante, críticos argumentan que la erradicación voluntaria enfrenta obstáculos logísticos y no presenta resultados inmediatos, mientras las cifras de producción y cultivo aumentan.
Por su parte, organizaciones como el Instituto Colombia Internacional han subrayado que el enfoque bélico tradicional, promovido durante décadas por Estados Unidos, no ha frenado el avance del narcotráfico ni la violencia inherente. Las políticas restrictivas, como la fumigación aérea con herbicidas como glifosato (suspendida por sus efectos negativos en salud y medio ambiente), han impuesto elevados costos sociales y ecológicos. Ante este panorama, el gobierno Petro plantea una estrategia basada en la salud pública, despenalización y regulación parcial inspirada en experiencias internacionales, con la intención de abordar el problema de manera más integral, citando fuentes del Observatorio de Drogas de Colombia.
El reciente ataque a un helicóptero antinarcóticos en Amalfi, atribuido inicialmente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y posteriormente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ilustra cómo el enfrentamiento al narcotráfico se entrelaza con el conflicto armado colombiano. En estos territorios, los grupos ilegales recurren a la violencia para defender sus intereses económicos ligados a los cultivos ilícitos, haciendo de la erradicación no solo un asunto técnico, sino también profundamente político y social.
Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las drogas han resultado estratégicas y, a la vez, fluctuantes, influidas por cambios políticos en ambos países y por informes de medios como The New York Times y BBC News. Estas tensiones determinan la financiación y el diseño de los programas contra el narcotráfico, así como la cooperación para el desarrollo alternativo y la fortaleza institucional. La última decisión estadounidense de “descertificación” visibiliza la compleja interacción entre dos modelos opuestos: el de Petro, con enfoque en salud pública y desarrollo rural, y el de Washington, fundamentado en medidas coercitivas y de control.
El desenlace de esta coyuntura impactará en la seguridad, la economía rural y las políticas sociales de Colombia, configurando el futuro de la cooperación internacional y del propio debate global sobre cómo enfrentar el fenómeno del narcotráfico.
¿En qué consiste la erradicación forzada frente a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos?
El debate sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia se centra en dos enfoques principales: la erradicación forzada y la erradicación voluntaria. La erradicación forzada implica el uso de la fuerza pública para destruir manual o químicamente los cultivos de coca sin el consentimiento de los agricultores, una estrategia que ha generado episodios de violencia, desplazamientos y tensión social, según la Fundación Ideas para la Paz. Por otro lado, la erradicación voluntaria supone acuerdos entre el Estado y las comunidades cultivadoras, quienes reemplazan sus cultivos ilícitos por proyectos productivos legales a cambio de incentivos y apoyo estatal. Aunque la erradicación voluntaria tiende a ser más lenta y enfrenta retos logísticos y presupuestales, promueve la confianza y sostenibilidad a largo plazo.
La importancia de distinguir entre ambos enfoques radica en su impacto sobre la seguridad, la cohesión social y el éxito de la sustitución de economías ilícitas por alternativas legales. Desde los informes de la UNODC y el Observatorio de Drogas de Colombia, la erradicación voluntaria es vista por algunos expertos como una vía más integral y respetuosa de los derechos humanos, a pesar de las dificultades para lograr resultados inmediatos en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.
¿Qué significa la “descertificación” de un país en la política antidrogas de Estados Unidos?
El término “descertificación” hace referencia a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a un país de su lista de naciones que cooperan satisfactoriamente en la lucha mundial contra las drogas. Esta medida se traduce en limitaciones a la ayuda económica, la cooperación técnica y el respaldo político que Washington otorga a dicho país en programas de control y erradicación de cultivos ilícitos. Según reportes de The New York Times y BBC News citados, la descertificación puede provocar presiones diplomáticas y repercusiones económicas, afectando acuerdos bilaterales y la imagen internacional del país afectado.
El uso de esta herramienta ha sido históricamente controversial, pues mezcla factores técnicos con valoraciones políticas y estratégicas. En Colombia, la descertificación ocurrida en 1997 marcó un deterioro momentáneo en las relaciones con Estados Unidos y condicionó la estructuración de la política antidrogas posterior. Por ello, en contextos de tensiones como el actual, este mecanismo cobra relevancia en el debate sobre la soberanía y la efectividad de las políticas internacionales contra el narcotráfico.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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