El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente escándalo en torno al convenio para la producción de pasaportes colombianos en Portugal ha sacudido la opinión pública y ha puesto a prueba la transparencia y capacidad del Estado en la gestión de contratos estratégicos. La demanda de la Procuraduría General de la Nación no sólo cuestiona la legalidad del acuerdo, sino que también saca a la luz profundas deficiencias administrativas, posibles irregularidades y vacíos en la rendición de cuentas. La importancia de este contrato es innegable, ya que involucra bienes altamente sensibles para la seguridad nacional y afecta directamente a la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones.
El convenio, firmado el 18 de julio de 2025, tenía como objetivo superar una crisis en la emisión de pasaportes que se arrastraba desde años anteriores. Sin embargo, la Procuraduría detectó irregularidades graves: la financiación aportada por la parte portuguesa alcanzaba apenas el 21%, muy por debajo del 50% que exige la ley, y no se realizó ningún proceso competitivo, como establece la normatividad de contratación estatal. Además, la Imprenta Nacional, tradicionalmente responsable de la emisión de pasaportes, fue relegada a un papel meramente administrativo. Esto no sólo deja dudas sobre la sostenibilidad técnica del esquema acordado, sino que también debilita el fortalecimiento institucional del país en un ámbito de suma importancia.
Por su parte, la Contraloría General de la República ya había alertado, según El Espectador, sobre los peligros del outsourcing en la producción de pasaportes: se identificó vulnerabilidad en la cadena de custodia, riesgo de filtraciones de datos y dificultades logísticas. Tales problemas han afectado a otros países latinoamericanos y muestran las graves consecuencias que puede tener la delegación de este tipo de funciones a empresas extranjeras.
El análisis de bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo confirma que el caso colombiano no es aislado: la falta de estudios de mercado, la ausencia de justificación técnica y una gestión poco transparente suelen estar presentes en contrataciones internacionales fallidas en la región. La visita preventiva de la Procuraduría dejó en evidencia la inexistencia de estudios previos, debilitando aún más la legitimidad del convenio.
La manera en que se gestionó la junta directiva de la Imprenta Nacional ―con citaciones fuera de tiempo, actas informales y exigencias excesivas de confidencialidad― refleja una preocupante fragilidad en el gobierno corporativo. Según Transparencia por Colombia y reportes del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, estas prácticas abonan el terreno para la erosión institucional y la opacidad en las entidades públicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está llamado a tomar una decisión que podría sentar un precedente clave en la jurisprudencia colombiana. Si se anula el convenio con Portugal, quedaría en evidencia la urgencia de reformar los mecanismos de contratación estatal, orientados a la transparencia y el escrutinio ciudadano. Además, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) insisten en la necesidad de robustecer los sistemas de integridad y sancionar efectivamente las irregularidades detectadas en estos procesos.
El caso de los pasaportes es, en suma, un llamado de atención sobre los peligros de la desregulación, la falta de controles y la improvisación. Según el seguimiento de medios como El Espectador, Reuters y la BBC, lo ocurrido en Colombia se suma a una tendencia regional de contratos opacos que terminan socavando la legitimidad institucional. El desenlace de este proceso puede marcar un punto de inflexión en la lucha anticorrupción y la defensa del interés público.
¿Qué funciones específicas tiene la Imprenta Nacional en la producción de pasaportes? La Imprenta Nacional de Colombia, según lo señalado por la Procuraduría en relación con este convenio, ha sido históricamente la entidad encargada de diseñar, imprimir y custodiar documentos oficiales, entre ellos los pasaportes. Su rol va mucho más allá del mero trámite administrativo: involucra procesos técnicos y de seguridad para evitar la falsificación y garantizar la integridad de los datos personales de los ciudadanos. La reducción de esta entidad a un papel de intermediario puede debilitar las capacidades técnicas e institucionales nacionales, incrementando los riesgos que ya han sido advertidos por la Contraloría y medios como El Espectador en reportajes previos.
¿Qué significa la cadena de custodia en la emisión de pasaportes? La cadena de custodia se refiere al conjunto de acciones y controles que garantizan que los documentos oficiales, como los pasaportes, se mantengan seguros y libres de manipulaciones indebidas desde su producción inicial hasta su entrega final al ciudadano. Tal como explicó la Contraloría, una cadena de custodia vulnerable puede facilitar el acceso ilegal a información o la falsificación de documentos, incrementando los riesgos para la seguridad nacional. Por eso, garantizar que cada etapa esté estrictamente controlada es esencial para la confianza en el sistema de identificación nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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