La Unidad para las Víctimas en Bolívar-San Andrés realizó con sus equipos especializados una atención a víctimas del conflicto armado en Cartagena y Calamar.

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Esta jornada se adelantó a lo largo de la semana, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretará medidas cautelares con el fin de conservar cualquier rastro o evidencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, arrojadas a las aguas del Canal del Dique. Se estima que en la zona hay registro de hasta 9.000 cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Marta Luz Salazar Morales, directora territorial para las víctimas de esa entidad, sostiene que este tipo de encuentros se tratan de un despliegue institucional para atender los requerimientos, búsqueda de información y orientación sobre garantías de sus derechos, entre otros servicios, para las víctimas de la subregión del Canal del Dique.

En entrevista con El Espectador, la funcionaria señaló que “es un acto de reconocimiento de visibilización de la necesidad de propiciar escenarios para el ejercicio y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado de la subregión, teniendo en cuenta los espacios o los escenarios de invisibilización y la ausencia de acciones por parte del Estado para la garantía de sus derechos”.

En diciembre de 2021, la Comisión de la Verdad recorrió las aguas del Canal del Dique, en búsqueda de relatos y hechos que pudieran dimensionar los vejámenes que dejó la guerra allí.

En un documento que emitieron luego de esa visita, la entidad extrajudicial documentó que allí “ las víctimas no han obtenido respuestas y, por esa razón, un equipo de la Comisión de la Verdad navegó esos 115 kilómetros y visitó algunas de las comunidades aledañas para escuchar, desde la voz de las víctimas y responsables, los hechos atroces que ocurrieron en ese territorio para así avanzar en el proceso de esclarecer por qué pasó lo que pasó y cuáles fueron las afectaciones al territorio, al agua y a las prácticas culturales ancestrales del pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero”.

En la subregión del Canal del Dique se encuentran varios Consejos Comunitarios de los que son sujetos de Reparación Colectiva como el de Rocha y Puerto Badel, con los que la Unidad viene adelantando un ejercicio en este sentido.

Además del dolor de la desaparición en la zona se deben adelantar una serie de obras civiles en los cuerpos de agua del canal. El pasado 25 de marzo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se inició la audiencia para la determinación del orden de elegibilidad de la interventoría del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, en la que se presentaron 13 oferentes. En razón a las observaciones presentadas en el desarrollo de la audiencia, la ANI decidió suspender la misma para atender las solicitudes en garantía,

Sobre este contexto, la JEP ordenó medidas cautelares sobre el megaproyecto del Canal del Dique, el cual beneficiaría a millones de personas en el Caribe colombiano.

“Lo trabajado por la JEP son órdenes que tienden a garantizar los derechos constitucionales de las víctimas, en la medida que se va a realizar una obra de esa naturaleza. Por eso es importante que se atiendan también en estas obras los impactos que puede tener en relación con las dinámicas y los hechos victimizantes que sufrieron determinadas comunidades” señala Salazar Morales.

La Unidad de Víctimas no está sola en estas actividades que se han llevado a cabo en el Canal del Dique. Ha habido un trabajo interinstitucional con el apoyo de la Fiscalía General, el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras instituciones del orden local y nacional. Eso junto a servicios forenses, en los que ha habido tomas de sangre para cotejar muestras de ADN.

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“Vamos avanzando y este esfuerzo que desde mi punto de vista es exitoso en la medida que estamos todos reunidos, es decir entidades que hacen parte del sistema y que hoy están atendiendo el llamado de la Unidad” concluyó la funcionaria.

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