Más de 200 familias de excombatiendes de las extintas Farc tuvieron que salir desplazadas del ETCR Mariana Páez, en el departamento del Meta, por amenazas de las disidencias, la Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó al Gobierno atender la situación.

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Para ello solicitó que diferentes entidades implementen un plan de seguridad e informen regularmente sobre las acciones que realizan para garantizar la protección y la integridad física de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Así las cosas, de acuerdo con la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad Nacional de Protección y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección no solo tendrán que informar de las situaciones y planes asumidos por el Gobierno Nacional para garantizar la vida de los exfarc, sino que también tendrán que velar por sus condiciones de reincorporación individual, colectiva, política, económica y social.

Las entidades estatales tendrán cinco días hábiles para entregar los informes, además tendrán que presentar “la ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectiva incorporado al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) que deberá contemplar, además de medidas de seguridad, acciones en materia económica, medidas para asegurar el acceso a derechos sociales (salud, educación, otros), medidas de prevención de la estigmatización y una estrategia comunitaria y en dado caso de no tenerla, sea construida e implementada, en el término de diez (10) días hábiles”, dicta el auto firmado por la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra.

Así mismo, la JEP también le solicitó información a instancias del alto gobierno como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa con el objetivo de conocer las condiciones de seguridad actuales que tienen los firmantes.

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Mientras tanto, Mindefensa tendrá una tarea adicional y es que tendrá que presentar “los resultados de las operaciones e impacto del desmantelamiento de las organizaciones criminales en el sur de Meta, y (dar) explicación detallada sobre el control de seguridad que tiene el campamento humanitario, así como las condiciones de seguridad que se tienen presupuestadas para el nuevo asentamiento del ETCR ‘Mariana Páez’”.

Frente a esta situación, Rodrigo Londoño, firmante del acuerdo de paz y líder del Partido Comunes, ya le había lanzado un fuerte llamado de atención al presidente Gustavo Petro por lo que ha sido la implementación del acuerdo y la manera en la que se está buscando la paz total en Colombia.

“Señor presidente Gustavo Petro. La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘Paz Total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”, expresó Londoño.

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