El Juzgado Promiscuo Municipal de San Alberto falló una acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental, por la falta de contratación de los servicios de aseo y vigilancia en las instituciones educativas Andrés Bello y San Alberto Magno. 

En el fallo de tutela, el juez le ordena a la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, que en el término de 12 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, realice las gestiones tendientes a suplir la necesidad del servicio de aseo y vigilancia en las instituciones educativas del sector público en el municipio de San Alberto, “y garantice el reingreso de los estudiantes a clases en condiciones dignas y totalmente salubres”.

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La medida también ordena a la Gobernación del Cesar que ejerza seguimiento y control del cumplimiento a la orden impartida en el mandato constitucional.

Así mismo, la acción constitucional pide desvincular del presente trámite a la Secretaría de Educación Municipal de San Alberto, al Ministerio de Educación Nacional, a la Alcaldía Municipal de San Alberto Cesar y a las instituciones educativas Andrés Bello y San Alberto Magno.

“En la acción de tutela inicial presentada por la accionante se incluyeron a unas entidades, entre ellas, la Secretaría de Educación de San Alberto y aquí no existe como responsables de estos hechos con el fin de subsanar la situación, pero legalmente el nombramiento de aseadores y vigilantes para las entidades públicas del departamento está en cabeza de la Secretaría de Educación Departamental, por eso, la jueza en su fallo desvincula a esas otras entidades que nada tienen que ver con la contracción de esos servicios administrativos”, explicó Hernando Rodríguez Castilla, otro padre de familia afectado.

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Desde inicios del mes de mayo, y hasta la fecha, los estudiantes y padres de familia suspendieron las actividades académicas en todas las sedes educativas de Andrés Bello y San Alberto Magno debido a las condiciones insalubres y antihigiénicas de las que han sido víctimas durante todo este año lectivo, por la falta de contratación del personal de limpieza y vigilancia por parte de la Secretaría Departamental de Educación.

Lo anterior afecta a alrededor de 6.000 estudiantes matriculados en ambos planteles educativos y sus sedes de primaria (cinco en total), donde algunos de los niños y niñas pertenecen al casco rural del municipio de San Alberto.

¿La respuesta de la Secretaría de Educación?

En la acción de tutela, la secretaria de educación departamental, Pamela García, dijo que durante la contratación de aseo para las instituciones educativas de los 24 municipios no certificados del Cesar, se presentaron unos inconvenientes de tipo administrativo y presupuestal que impidieron la contratación a tiempo del servicio de aseo, sin embargo, se lanzó nuevamente el proceso, seleccionando como proveedor a Unión Temporal Ecolimpieza.

“Por lo cual al día de hoy el servicio de aseo en las instituciones educativas se encuentra contratado entre ellas la de la Institución Educativa Técnica Andrés Bello”, se lee en el fallo de tutela.

Igualmente, García afirmó que el inicio de la ejecución del contrato, se daría en un término de ocho días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, la cual adjuntó a su escrito y data del 11 de mayo de 2022, indicando como fecha máxima para iniciar la prestación del servicio, el pasado 20 de mayo de 2022.

Sin embargo, en el mismo mandato constitucional se lee la respuesta ante lo dicho por la secretaria Pamela García, “lo cierto es que dicho documental no logra demostrar en forma alguna que en efecto el soslayamiento de las garantías fundamentales de los menores educandos de las instituciones oficiales de este departamento, y específicamente de este municipio, haya cesado. Y ello es así, pues dicha orden carece de sustento probatorio en relación con el inicio de labores del personal que presuntamente fuere contratado”.

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El fallo de acción de tutela responde a la solicitud interpuesta por la ciudadana y madre de familia, Mirena Melo Vergel, para que se protejan los derechos fundamentales a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, de los estudiantes que presuntamente están siendo vulnerados por la Secretaría de Educación Departamental, por la problemática de salubridad presentada en la Institución Educativa Andrés Bello referente a la contratación del personal de vigilancia y aseo.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN

@karenperezcol

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