El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le otorgó al jefe de Estado un plazo de cinco días hábiles para que informe a los países garantes y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también que implemente “los acuerdos a que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el gobierno nacional y el Eln”, informa Semana.

Se trata en particular de “una agenda de seis puntos que delimita los temas de discusión” y “dos preacuerdos para desescalar el conflicto, que las partes alcanzaron en junio de 2017″, detalla la revista.

“El primero de ellos es el ‘Acuerdo humanitario Ya para el Chocó'” y “el otro es un plan de desminado humanitario que tanto el gobierno como el ELN, habían decidido implementar en Nariño”, añade.

Los demandantes fueron el senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva, que con dos derechos de petición buscaron que el mandatario cumpliera con su deber “como Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (…) para satisfacer derechos surgidos de dichos compromisos“, de acuerdo con ese medio.

“Es imperativo que se respete (lo acordado) por el Estado colombiano, para que ante posibles conversaciones que pudieran darse en un próximo futuro sea teniendo en cuenta lo ya pactado”

Sin embargo, en ambas oportunidades la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, se limitó a “enunciar las normas que facultan al Presidente de la República para conservar el orden del territorio y ser el director de los procesos de paz, pero no explica razones o motivaciones del fondo del asunto“, de acuerdo con el tribunal.

“No existe una respuesta congruente y precisa”