Díaz, que también fue alcalde de Mocoa entre 1994 y 1997, también fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, receptación y contaminación ambiental.

Según la Corte, “la captura fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía”, la cual se habría producido a la salida del Congreso, y se trata de “una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación”.

De acuerdo con la investigación de la Sala de Instrucción, los hechos en los que presuntamente está implicado el arquitecto se relacionan con “la extracción ilícita de oro mediante el dragado de los lechos de los ríos Caquetá y Putumayo, lo que generó la dispersión de materiales pesados que permanecían inertes en su estado natural”.

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Las pruebas determinaron que “esa práctica ocasionó un daño medioambiental considerable en las fuentes hídricas, la flora y la fauna e incluso en los habitantes de la región”, por lo que se tomó la decisión judicial en contra de Díaz.

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