El contrato para la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para el Ejército que el Ministerio de Defensa cerró con una firma canadiense por 305 millones de dólares (unos 1,6 billones de pesos), sigue poniendo en aprietos a la cartera de Defensa.

Luego de que el pasado fin de semana dicho ministerio solicitara a la Contraloría General de la República una auditoría especial al contrato efectuado en diciembre, tras una denuncia publicada por la revista Semana que daría cuenta de que hubo un posible sobrecosto en tal contrato, ahora el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que abrirá una investigación en el ente acusador por posibles hechos de corrupción en la firma del billonario contrato.

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Desde Boston, Estados Unidos, el fiscal Barbosa le confirmó a Semana que dentro de la investigación “se ha tomado la determinación de citar a declarar, bajo gravedad de juramento, a varios funcionarios de ese Ministerio, entre ellos, el señor ministro de la Defensa”, Iván Velásquez.

El fiscal también confirmó que serán citados a declarar el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz; el director de Proyección de Capacidades de Innovación, Javier Mondragón; la asesora de contratación, Jenny Mora; los coroneles Óscar Melo Muñoz y Carlos Luque Ochoa; y el integrante del comité técnico de ese proyecto, sargento viceprimero Andrés Aldán.

“Estas personas tendrán que ir a la Fiscalía para la respectiva declaración y nosotros ya poder ahondar en las hipótesis que tenemos”, sostuvo Barbosa a la publicación.

Y es que, además de denunciar un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares en dicho contrato, firmado el 29 de diciembre de 2022 por la entonces secretaria general Ana María Garzón –quien era mano derecha del ministro Iván Velásquez y renunció en marzo–, en ejecución del Conpes 4078, Semana también denunció un intento de censura por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Defensa cuando un periodista de su redacción acudió a la sede de la cartera para obtener alguna respuesta ante la gravedad de la denuncia.

Los funcionarios señalados de intimidar al periodista son, precisamente, los que fueron citados a declarar ante la Fiscalía.

Semana señaló, de acuerdo con su fuente, que en el acuerdo entre MinDefensa y la firma canadiense hay cuatro puntos que representarían los posibles sobrecostos: almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate, ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones, gestión del programa en fábrica y desarrollo de actualizaciones a manuales.

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El ministerio tuvo que salir a explicar la situación y en un comunicado indicó que “en su misión de mantener las capacidades de las Fuerzas Militares” suscribió el contrato en diciembre de 2022 para la compra de 55 vehículos “que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera”.

De este grupo de vehículos, indicó MinDefensa, se tiene proyectado que los primeros nueve lleguen al país en 2026, “en la medida que se ejecute el plan de pagos programado se seguirán recibiendo hasta 2032”.

Esta adquisición, agregó el ministerio, se realizó a través de un acuerdo “gobierno a gobierno por la suma 305 millones de dólares, proyecto aprobado mediante documento Conpes 4078 destinado al Sistema de Defensa Nacional, (Siden). Dicha contratación se realizó con un proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto”.

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Expuesto lo anterior, el ministerio aseguró que el presunto sobrecosto en la compra de los vehículos “no existe”.

“Debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato”, explicaron.

Sin embargo, agregaron desde el ministerio que se le exigió al contratista discriminar los valores de estos puntos “en aras de identificar cuáles servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos”.

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Pese a que reiteraron que los supuestos sobrecostos “no existen”, acudieron a la Contraloría para la auditoría del Conpes 4078 que permitió la firma del contrato de compra.

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