En las últimas semanas, los choques entre grupos armados han agravado la situación que tenía la región por los derrumbamientos en las vías causados por fuertes lluvias.
La Unidad para las Víctimas de Antioquia elevó el número de desplazados que están llegando al casco urbano de Ituango desde esta semana a 2.151, procedentes de quince veredas, y alertó de que la cifra puede seguir aumentando.
Los desplazados huyen desde principios de semana del enfrentamiento armado por el control del territorio que tiene lugar entre un frente de disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo‘, el grupo criminal más grande del país.
A esto se le suma el riesgo de desabastecimiento de alimentos. Según el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, citado por El Colombiano, “de no habilitarse una vía de acceso, el próximo 6 de agosto habría un desabastecimiento total de alimentos en Ituango, en cuya cabecera municipal permanecen confinadas las personas afectadas por desplazamientos forzados y por las fuertes lluvias de hace dos días”.
Sin acceso a Ituango
Su huida se ha visto dificultada por las fuertes lluvias que están cayendo en la zona, que han provocado derrumbes en carreteras que han motivado a las autoridades de Ituango a declarar la calamidad pública.
“La emergencia deja, según informe preliminar, 205 familias afectadas, destechos, movimientos en masa, pérdidas de enseres y daños en viviendas e infraestructura vial dejando a Ituango incomunicado”, informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), después de realizar un sobrevuelo.
El director del Dagran, Jaime Enrique Gómez, aseguró el viernes que estaban haciendo todo los esfuerzos para desbloquear las vías para permitir el ingreso de vehículos, ya que solo se podía acceder al municipio de forma aérea.
Sin embargo, el gobernador Suárez dijo que “por lo menos durante 20 días estará cerrada la vía principal de acceso a Ituango”, lo que puede poner en peligro la situación de las 967 familias desplazadas y las que siguen necesitando huir de la violencia para salvarse la vida.
“Urge una respuesta estatal para proveer asistencia humanitaria y darle garantías a la población”, pidió por su parte el director de Human Right Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco.
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