La Justicia Especial para la Paz no se ha podido votar por ese desacuerdo sobre los militares involucrados en crímenes con ocasión del conflicto armado, pese a que, según Santos, es lo que les conviene a las Fuerzas Armadas: “Mi llamado también es a que el Congreso de la República apruebe el protocolo de la JEP (…) porque a las Fuerzas Armadas de Colombia les conviene”.

Con el objetivo de lograr eso, representantes del Gobierno y del uribismo se reunieron en las últimas horas para discutir el proyecto, y la delegación liderada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, terminó por aceptar 24 proposiciones del partido de Duque, como lo anunció en Twitter:

El Centro Democrático es el principal opositor a aprobar las reglas de procedimiento de la justicia transicional, encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc.

El desacuerdo está porque los uribistas busca ampliar los plazos para su comparecencia, mientras que el Gobierno y sus partidos aliados recuerdan que ese trámite de los militares es obligatorio y no puede estar sujeto a plazos.

Este partido quiere crear una sala especial para juzgar a los uniformados de forma particular. “El problema es la cantidad de militares que injustamente han sido condenados y procesados por la justicia ordinaria. El problema es esa persecución que inició a instancias de las indemnizaciones multimillonarias que se podían sacar en el exterior. El procedimiento está pensado para culpables”, expresó la senadora Paloma Valencia en Blu Radio.

El Gobierno, por su parte, lo considera “abiertamente inconstitucional e inaceptable. Este congelamiento de la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP es un artículo nuevo que propuso la senadora Valencia, y es un artículo que es contrario a la Constitución porque esta es obligatoria, según el acto Legislativo 1 del 2017; luego una ley no puede ponerle una suspensión a una obligación de carácter constitucional”, señaló Rivera en Caracol Radio.

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Entre tanto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, manifestó que tienen tres imperativos, que son “impulsar, desarrollar y apoyar a la Justicia Especial para la Paz”.

“Esta reglamentación de la JEP ha recibido todo el insumo de las Fuerzas Militares. Este Gobierno ha aceptado todas las propuestas que hemos hecho con todo honor con toda dignidad con nuestros principales asesores jurídicos”.

“Incluso, esta condición ha sido rebatida por las mismas cabezas militares, pues dejaría en el limbo jurídico a los más de 2.300 militares que se han sometidos a la JEP, según advirtió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, […] y podría ponerlos en el radar de la Corte Penal Internacional, como ha alertado el senador Armando Benedetti”, indicó El Espectador.

Idea con la que coincide el excandidato Gustavo Petro:

Minutos antes de la reunión, Duque mostró su voluntad de “buscar un acuerdo” esta semana sobre la legislación que regula el funcionamiento de la JEP, que actualmente en debate en el Senado: “Espero que esta semana (…) el Gobierno nacional pueda facilitar escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos”.

La JEP juzgará los crímenes del conflicto armado con penas menores a cambio de que los victimarios contribuyan con la verdad sobre los hechos.

Entre tanto, en un comunicado, la ONU pidió destrabar con urgencia el proyecto:

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