Aunque les prometían ayudarlos con sus diferentes adicciones y problemas mentales, la mayoría de los pacientes que fueron atendidos por ese centro de rehabilitación sufrieron constantes maltratos físicos y psicológicos durante su estadía, informó Noticias Caracol.

Un informe, realizado por la Defensoría y compartido por el informativo, reveló que la sede de la fundación cristiana en Villeta no contaba con la respectiva licencia de funcionamiento y ninguno de sus trabajadores eran profesionales en reentrenamiento.

“Se puede evidenciar que los hechos denunciados corresponden a los hallazgos de la visita interinstitucional a ese centro, con evidentes casos de tortura, maltrato, violencia y humillaciones, sobre todo en contra de los menores de edad”, precisó el órgano.

En varias fotografías, entregadas dentro del informe, se pude apreciar el deterioro de las instalaciones y las inhumanas condiciones en las que vivían los pacientes, mientras eran supuestamente tratados, agregó el noticiero.

Las torturas y castigos a las que sometían a los pacientes

De acuerdo con el testimonio de algunos pacientes, consultados por la revista Semana, los castigos y maltratos iban desde caminar descalzos sobre piedras calientes hasta nadar desnudos en una piscina, la cual nunca era limpiada.

“Me golpeaban, me metían desnuda en una piscina cochina y me lanzaban baldes de agua fría”, manifestó una de las enfermas que estuvo internada en el centro de rehabilitación en este mismo medio.

La mujer de 40 años, igualmente, aseguró en la publicación que los trabajadores de la fundación –que eran exhabitantes del Bronx en Bogotá– obligaban a otros pacientes a amarrarla, golpearla y encerrarla en una oscura habitación.

Semana también pudo recolectar algunos testimonios de personas que no tuvieron malas experiencias con la fundación. Incluso, enfatizaron que sus hijos lograron superar los inconvenientes que tenían con las adicciones.

Pese a que la sede de Villeta fue sellada, la Defensoría del Pueblo puntualizó que el cierre no se debió a las violaciones de derechos humanos, sino “por tres documentos requeridos en el Código de Policía”, concluyó Noticias Caracol.