El expresidente Álvaro Uribe fue denunciado penalmente ante la justicia de Argentina por once familiares de víctimas de falsos positivos en Colombia y tres organizaciones de derechos humanos, que buscan que el exmandatario responda por esos hechos bajo el principio de jurisdicción universal, el mismo por el que ya se siguen procesos en ese país contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y España.
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Para los querellantes, Uribe “lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad” comoquiera que el presidente de la república es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
“Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, dice la denuncia, a la que tuvo acceso El País, de España.
Los familiares de víctimas de falsos positivos que instauraron la denuncia este miércoles viajaron a Buenos Aires junto a representantes de la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reportó el mismo medio.
El rotativo español explica que la jurisdicción universal “es un principio de derecho internacional que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no los investigan”.
También habló con el abogado argentino Máximo Castex, asesor de la querella, para quien la denuncia contra Uribe en Argentina abre un camino a que, por primera vez, un expresidente colombiano sea indagado por crímenes internacionales.
En distintos escenarios y en diferentes momentos, el expresidente Uribe ha sostenido que en el caso de los falsos positivos lo acusan de exigir muchos resultados y de no actuar ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. En septiembre pasado, por ejemplo, aseguró en Casanare: “Cómo no iba a exigir resultados con esa situación tan terrible en el Casanare […]. Exigía resultados en todo, pero una cosa es exigir resultados y otra promover delitos”.
Y poco antes de las elecciones regionales de octubre pasado, Uribe dijo en Soacha: “Pero qué tristeza. Nos crearon la mancha de los falsos positivos. Cuando a uno le hablan que un soldado o un policía de Colombia está haciendo algo mal hecho, en principio uno no cree, por ese amor que les tiene. Sin embargo, tengo que repetir hoy en Soacha que siempre se tomaron medidas a tiempo”.
Sobre esas medidas, explicó que, en 2008, cuando le informaron de 27 altos mandos militares que podrían estar incursos en violaciones administrativas, flexibilidad de protocolos, que habrían facilitado falsos positivos, no tardó más de siete horas en retirarlos de la fuerza pública. “Nuestro gobierno dejó, con todas las denuncias, 1.800 integrantes de la fuerza pública en la cárcel”.
La denuncia instaurada en Argentina contiene un resumen sobre la política de seguridad democrática y asegura que Uribe, como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “habría permitido, autorizado, incitado e incluso ordenado que se cometieran estos gravísimos crímenes”.
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