Buscan que fiscal salga del cargo (y ahora sí tome vacaciones) antes de completar 4 años

En el concepto de los demandantes, dos estudiantes de la Universidad Nacional, el Consejo de Estado debe revisar la forma en que se conciben los periodos de los fiscales generales, argumentando que “la elección de fiscal general con periodo personal ha resultado nociva para el país”, y sosteniendo que esto afecta el equilibrio de poderes, tal como lo recuerda El Espectador.

Gina Paola Ávila Sierra y René Mateus Forero, como el impreso identifica a los accionantes, creen que el periodo de un fiscal debe ser institucional; es decir, que debe ceñirse a cuatrenos debidamente determinados con una fecha de inicio y otra de fin, como sucede con los cargos de elección popular.

En su concepto, el hecho que cambia todo es que el presidente es quien formula la terna para elegir al Fiscal, y si la persona elegida resulta acompañando al mismo mandatario durante la mayoría de su administración se produce “una acumulación desorbitada de los poderes de nominadores del presidente”, cita ese medio.

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“Mantener el periodo personal sí ha afectado el sistema de pesos y contrapesos”, sostienen los demandantes, deslizando que esto vicia en parte la independencia de la Fiscalía. En ese sentido, afirman que “con el nombramiento en propiedad del señor Francisco Roberto Barbosa Delgado, como Fiscal General de la Nación, por un periodo personal de 4 años, se atenta contra el principio constitucional de la separación de poderes”, prosigue El Espectador.

Francisco Barbosa llegó a la Fiscalía para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, que al momento de dimitir, en mayo del 2019, llevaba 2 años y 9 meses en el cargo. El Nuevo Siglo comenta que, bajo la lógica de un periodo institucional, a Barbosa debería “completar su período y no iniciar un periodo personal”, de manera que solo duraría un año y 3 meses en el cargo, completando el cuatrenio.

Este medio también agrega que otra parte de la demanda considera que “el fiscal Francisco Barbosa no fue elegido por las mayorías de la Corte Suprema de Justicia sino por apenas 16 magistrados, pues para ese momento (13 de febrero de 2020), en la corporación había siete cupos vacantes”.