La Defensoría del Pueblo informó que en el 2022 se registró un total de 215 homicidios a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos en el país. De acuerdo con estas cifras, el año anterior sería el periodo con el mayor número de casos desde el 2016, cuando se inició el registro de estos hechos a través del Sistema de Alertas Tempranas de la entidad.
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De acuerdo con lo informado por el Sistema de Alertas Tempranas, la mitad de estos hechos criminales tuvieron lugar en cinco departamentos del territorio nacional. Específicamente, en Nariño, donde hubo 35 asesinatos; Cauca, donde se reportaron 26 casos; Antioquia, con 22 homicidios; Putumayo, que también sufrió 22 casos; y Valle del Cauca, que reportó 12 hechos criminales.
“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Las cifras de la Defensoría también señalan que entre 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 1.113 líderes sociales. En el año 2016 se presentaron 133 casos, en 2017 la cifra llegó a 126, en 2018 se registraron 178 asesinatos, en 2019 se contabilizaron 134, en 2020 la cifra alcanzó los 182 homicidios, en 2021 llegó hasta las 145 víctimas, hasta que finalmente la Defensoría contabilizó 215 homicidios contra líderes sociales el año pasado.
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La Defensoría informó que de los 215 homicidios que se presentaron durante el 2022, los más afectados fueron los líderes comunales, que sufrieron 63 homicidios, seguidos de los líderes indígenas con 47 asesinatos, líderes comunitarios con 36 hechos, líderes campesinos con 18 casos, líderes afrodescendientes con 12, sindicales con ocho, activistas en derechos humanos con siete, culturales o deportivos con cinco, líderes LGBTI con cuatro, y servidores públicos con 3 homicidios.
“Se esperaría que los diálogos con el Eln y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales, signifique también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”, finalizó el defensor Camargo.
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