El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa están enfrentados. El líder del Ejecutivo aseguró ser el jefe de fiscal y del otro lado tacharon al presidente de “dictador”. El defensor del Pueblo, para tratar de mediar, llamó a los implicados a la serenidad.

“En una democracia mandan la Constitución y las leyes, y todos estamos obligados a cumplirlas. Esa Constitución ordena que trabajemos cada uno dentro de nuestras competencias de manera respetuosa y armónica”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

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Desde España, el presidente Petro atizó la disputa y aseguró que él, por facultad de la Constitución, era el jefe del fiscal Francisco Barbosa.

Desde sus declaraciones no han parado las respuestas de lado y lado. Hasta la Corte Constitucional ha tratado de mediar en la disputa que sostienen los funcionarios. Hizo un llamado al respeto institucional.

“Hay que pasar del discurso a los hechos, y dar ejemplo de la capacidad de sobreponer el diálogo respetuoso y constructivo por encima de los egos, porque, como dicen los abuelos, la arrogancia es mala consejera”, fue el llamado del defensor del pueblo.

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El defensor del Pueblo pidió un cese de hostilidades entre los funcionarios y recalcó que estas disputas los distraen de las labores que les han sido asignadas por la Constitución y la ley.

“En una democracia mandan la Constitución y las leyes, y todos estamos obligados a cumplirlas. Esa Constitución ordena que trabajemos cada uno dentro de nuestras competencias de manera respetuosa y armónica”, puntualizó Camargo.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.