“La Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró delito de lesa humanidad el homicidio y tortura del profesor”, informó este miércoles el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

El docente fue asesinado en agosto de 2001, presuntamente por paramilitares y miembros de la fuerza pública. El hijo del profesor, Jorge Enrique Freytter Florián, había pedido a la Fiscalía que se pronunciara con el fin de que su investigación no prescribiera.

Las investigaciones indican que Freytter fue secuestrado por desconocidos cuando se movilizaba por el barrio San Isidro, en Barranquilla.

Posteriormente, el docente fue llevado a una bodega, en donde estuvo esposado a una tubería durante horas, hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia con una bolsa y dos disparos.

El cadáver del profesor fue encontrado semidesnudo y con señales de tortura en la carretera que conecta a Barranquilla y Ciénaga (Magdalena).

El Cajar, que actúa en representación de la familia de la víctima, dijo en el comunicado que considera que esta decisión “es una contribución muy importante a la verdad histórica sobre la expansión del proyecto paramilitar en el departamento del Atlántico y la región Caribe, y sobre la responsabilidad de agentes estatales en la misma”.

En octubre pasado, familiares del profesor presentaron una querella ante la justicia española para que se investigara el caso y fuera reconocido como un “crimen de lesa humanidad”.

Los supuestos autores del crimen, según la denuncia, fueron miembros del “Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad (GAULA) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional”.

Según los abogados, la querella fue presentada en España porque el hijo de la víctima tiene nacionalidad española y vive en la región del País Vasco como refugiado político.

En la demanda, los abogados Daniel Amelang (español), Rosa María Matteus y Yessika Hoyos Morales (colombianas) denuncian que los autores intelectuales del crimen siguen sin ser identificados y los autores materiales continúan en paradero desconocido.

Según la legislación colombiana, tras 20 años el crimen prescribe, lo que sería, dijeron los abogados, “una victoria de la impunidad”.