El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La discusión en el Congreso de Colombia sobre una posible modificación al artículo 219 de la Constitución Política marca un hito en la vida democrática del país. La propuesta busca permitir que los integrantes activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejerzan el derecho al voto, una restricción que ha estado vigente desde la promulgación de la Ley 72 de 1930. Dicha iniciativa ha sido impulsada por legisladores como José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, y José Cortés, de la Liga Anticorrupción, junto a otros miembros del Senado y la Cámara de Representantes, quienes argumentan que cerca de 450.000 efectivos deben acceder plenamente a sus derechos ciudadanos. Esta reforma, de ser aprobada, supondría un giro sustancial en la tradicional neutralidad política de la fuerza pública, una separación históricamente establecida para proteger los procesos democráticos frente a posibles injerencias y parcialidades políticas, según han puntualizado analistas constitucionales y reportes recogidos en medios como El Espectador.
El artículo 219 ha sido considerado un pilar en la garantía de la imparcialidad estatal, al tiempo que ha reflejado un modelo de ministerio de Defensa dirigido históricamente por militares retirados o en servicio activo, una práctica transformada a partir del gobierno de Gustavo Petro con el nombramiento del general retirado Pedro Sánchez en 2022. A pesar de la persistencia de esta tradición, el debate se intensifica hoy en torno a los derechos fundamentales de quienes protegen al país y contribuyen a sus arcas públicas, pero encuentran restringidos sus derechos civiles, colocándolos en una posición de desigualdad respecto al resto de la ciudadanía, según fuentes como el DANE y estudios citados en reportes periodísticos recientes.
La experiencia de otros países ilustra caminos posibles. Por ejemplo, en Estados Unidos, los miembros de las fuerzas armadas pueden votar bajo garantías de regulación estricta que buscan evitar la politización interna, de acuerdo con la Comisión de Asistencia Electoral de ese país. Esto demuestra que la ciudadanía plena, incluso para quienes portan uniforme, puede compaginarse con salvaguardias que sostengan la disciplina y el carácter apolítico de las instituciones castrenses, un balance que Colombia intenta plantearse tras décadas de conflicto y polarización.
No obstante, la propuesta enfrenta un proceso legislativo complejo: requerirá ocho debates en ambas cámaras y podría encontrar obstáculos ante la acumulación de reformas de alto perfil, como la del sistema de salud y la discusión presupuestal para 2026. Adicionalmente, la cercanía del calendario electoral tiende a postergar iniciativas estructurales, como advierten los análisis del Observatorio Legislativo Latinoamericano.
El proyecto contempla un plazo de un año para que la Registraduría Nacional y el Gobierno nacional armonicen los procedimientos que permitan ejercer este nuevo derecho sin alterar los comicios próximos. Será fundamental definir mecanismos que aseguren el voto libre y autónomo de los uniformados, evitando cualquier riesgo de presión política interna, un problema identificado por el Centro Latinoamericano de Análisis Electoral en procesos de reforma electoral en la región.
En conclusión, la revisión del artículo 219 abre un profundo debate sobre la participación política y la condición ciudadana de los miembros de la fuerza pública en Colombia. Más allá de una reforma constitucional, se perfila como una oportunidad para reconsiderar el vínculo entre las instituciones armadas y la sociedad, bajo el reto de desarrollar garantías efectivas de transparencia y de respeto a los principios democráticos en la vida institucional del país.
¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de permitir que la fuerza pública vote?
El debate sobre el derecho al voto de militares y policías activos se ha sustentado tanto en razones democráticas como en preocupaciones sobre la neutralidad institucional. Quienes apoyan la reforma consideran que estos servidores, al igual que cualquier otro ciudadano, pagan impuestos y contribuyen al país, y su exclusión perpetúa una desigualdad que no corresponde con los principios democráticos contemporáneos. Señalan además que la ciudadanía plena fortalece el sentido de pertenencia e inclusión, sin que necesariamente implique la pérdida de disciplina o imparcialidad, siempre y cuando existan protocolos claros.
Por otra parte, quienes se oponen alertan que la participación electoral de uniformados podría poner en riesgo la neutralidad de las instituciones armadas, abriendo la puerta a presiones políticas internas o externas y, en el contexto de un país polarizado, podría erosionar la confianza en la fuerza pública. Además, temen que la politización interna altere el carácter apolítico y disciplinado sobre el que se ha construido el papel de estas instituciones en la vida democrática colombiana.
¿Qué procedimientos debe adoptar el Estado para evitar la politización de las Fuerzas Armadas si se aprueba la reforma?
En caso de aprobarse la reforma al artículo 219, el Estado colombiano enfrentará el reto de crear procedimientos que garanticen un ejercicio autónomo y libre del derecho al voto por parte de la fuerza pública en servicio activo. Según experiencias recogidas en el artículo y en estudios regionales, se hace necesario establecer protocolos de confidencialidad, jornadas electorales diferenciadas y capacitación sobre derechos y deberes ciudadanos, evitando cualquier coacción o direccionamiento político dentro de las filas. La claridad en estas medidas será crucial para sostener la confianza en la institucionalidad democrática.
El diseño e implementación técnica de estos mecanismos recaerá principalmente en la Registraduría Nacional y el Ministerio de Defensa, quienes deberán coordinar esquemas logísticos y de control que prevengan la manipulación política. Este proceso será seguido de cerca tanto por organismos internacionales como por la sociedad civil, conscientes de que la credibilidad misma del sistema electoral y el equilibrio entre disciplina militar y ciudadanía plena están en juego.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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