El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander, enfrenta actualmente una crisis humanitaria sin precedentes, catalogada por organizaciones sociales como la peor de los últimos años. Esta grave situación quedó reflejada en el informe de la Comisión de Verificación Humanitaria, que en noviembre visitó los lugares más críticos: Filogringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles. Según los datos presentados, la zona está inmersa en un escenario de confrontación entre varios grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 del Estado Mayor de los bloques, así como la fuerza pública. Este conflicto ha traspasado los límites rurales, trasladándose a zonas pobladas y exponiendo a los habitantes a una constante situación de riesgo.
El informe ofrece cifras alarmantes: en total, la Comisión identificó 123 infracciones al derecho internacional humanitario, entre las que se destacan los ataques indiscriminados en zonas residenciales, el uso de minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados, así como daños a bienes civiles. Además, se documentaron 73 violaciones a los derechos humanos, las cuales incluyen desplazamientos forzados, confinamiento prolongado, amenazas a líderes comunitarios, restricciones educativas y a la movilidad, y riesgos particulares para mujeres, jóvenes y personas migrantes. El deterioro del tejido social es la consecuencia más visible de este patrón de violencia sostenida, que ha vaciado pueblos y veredas, poniendo en peligro la subsistencia cotidiana.
Un aspecto especialmente preocupante, resaltado por Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la organización Vivamos Humanos, es el uso constante de drones para ataques. Esta realidad ha dejado huellas tangibles: casas destruidas, explosivos encontrados cerca de escuelas y cementerios, y caminos convertidos en trampas mortales debido a la presencia de minas. La Comisión registró decenas de reportes de artefactos explosivos en sectores vulnerables; la población local no solo teme a los combates sino también a la posibilidad permanente de accidentes fatales.
El punto álgido de la crisis se remonta a enero de 2025, cuando los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 desencadenaron la emergencia humanitaria más severa en dos décadas, provocando más de 65.000 desplazamientos y confinando a 13.000 personas. Desde entonces, los ataques armados y la instalación de explosivos han obligado a la población a suspender actividades productivas y educativas, e incluso a permanecer encerrados por semanas.
La consecuencia ha sido la transformación de varias veredas en lugares casi deshabitados; en Versalles, por ejemplo, solo permanecen unas treinta familias de las más de trescientas que vivían allí. La fractura del tejido comunitario y la pérdida de acceso a la educación para más de mil menores agravan una tragedia donde los niños se ven forzados a abandonar la escuela, enfrentando riesgos de reclutamiento forzado y un impacto emocional profundo manifestado en ansiedad, depresión y trastornos físicos.
El informe también destaca el desplazamiento de más de 51 líderes de Juntas de Acción Comunal, muchos de los cuales han debido abandonar sus funciones. Ello pone en riesgo la realización de elecciones comunales y locales, así como la representación en las llamadas curules de paz. Ante la intensificación de amenazas y la imposibilidad de ejercer derechos básicos, las organizaciones solicitan con urgencia corredores humanitarios, reactivación del acceso a la educación y medidas que permitan la movilidad y la llegada de ayuda esencial. Asimismo, han solicitado la instauración de un cese al fuego durante las festividades de fin de año, con el objetivo de evitar una nueva arremetida y brindar un respiro temporal a las comunidades.
Para los habitantes del Catatumbo, la situación se volverá insostenible si no hay una respuesta inmediata, coordinada y estable por parte del Estado y de las organizaciones humanitarias, dado que la degradación de la crisis avanza rápidamente y amenaza con alcanzar niveles irreversibles, según concluye el informe citado por El Espectador.
¿Qué acciones se consideran urgentes para garantizar el acceso seguro a la asistencia humanitaria en Catatumbo?
El acceso a la asistencia humanitaria en Catatumbo es uno de los mayores retos que enfrentan tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales. La constante presencia de minas antipersonales, explosivos improvisados y restricciones a la movilidad complican la llegada de brigadas médicas y ayuda esencial a las comunidades más afectadas.
Según el informe citado por El Espectador, se requieren medidas inmediatas como la habilitación de corredores humanitarios y ventanas de seguridad, que permitan la entrada segura de equipos de apoyo, especialmente en regiones donde la amenaza armada persiste de manera cotidiana. Sin condiciones mínimas de seguridad, ni el Estado ni los organismos de ayuda pueden ingresar al territorio, lo que perpetúa el aislamiento y agrava la crisis ya existente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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