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En medio de la grave crisis que afecta al Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, la cúpula militar colombiana realizó un desplazamiento urgente hacia esta región, reconociendo la necesidad de intensificar las acciones para restaurar el orden y salvaguardar a la población civil. Tras ocho días marcados por un agravamiento de los enfrentamientos, altos mandos de las Fuerzas Militares optaron por encabezar una revisión inmediata del dispositivo de seguridad ya existente en la zona, con el objetivo de responder de manera eficaz a los requerimientos de seguridad expuestos por la comunidad afectada.
El propósito central de esta visita fue doble: por un lado, fortalecer el control territorial sobre los puntos más calientes del conflicto, y por otro, supervisar las operaciones militares en curso para garantizar la protección de los civiles que enfrentan las consecuencias directas de los combates. Según declaraciones formales recopiladas por Noticiero 90 Minutos, las autoridades castrenses se comprometieron a tomar las medidas necesarias para impedir que la población siga siendo blanco de las confrontaciones armadas.
Así lo manifestó el general Hugo Alejandro López Barreto, quien actualmente ocupa el cargo de comandante general de las Fuerzas Militares. En sus palabras, se subrayó la determinación de la cúpula militar de no escatimar esfuerzos por proteger a los ciudadanos, resaltando tanto la movilidad de nuevas tropas hacia la zona como la articulación interinstitucional.
López Barreto detalló que el despliegue de operativos cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como del Ejército, con la intención de estabilizar el entorno y evitar que los grupos armados ilegales sigan ejerciendo control sobre los territorios y comunidades. El alto oficial enfatizó también que la prioridad es desalojar a los grupos identificados como responsables de los actuales enfrentamientos.
Mientras tanto, la población campesina continúa sufriendo graves consecuencias humanitarias. Las familias del corregimiento Filo El Gringo, jurisdicción de El Tarra, se han visto forzadas al desplazamiento, migrando hacia el municipio de Ocaña. Datos reportados en las últimas 48 horas revelan que más de 56 familias han arribado a dicho municipio en busca de seguridad lejos de las zonas de conflicto.
La persistencia de la violencia armada ha hecho evidente la vulnerabilidad de las comunidades rurales, quienes afrontan no solo el riesgo físico sino el desarraigo y la pérdida de sus medios de vida. Esta ola de desplazamientos muestra la magnitud del desafío al que se enfrenta el Estado y la urgente necesidad de soluciones coordinadas.
¿Cuál es el impacto social del desplazamiento de familias campesinas en regiones de conflicto como el Catatumbo?
El desplazamiento forzado de familias campesinas resulta una de las consecuencias más acuciantes en los territorios marcados por la violencia, como ocurre actualmente en el Catatumbo. Este fenómeno implica la ruptura de los vínculos comunitarios, la pérdida de viviendas y tierras, así como la interrupción de proyectos de vida, lo cual repercute gravemente en la estabilidad económica y emocional de las víctimas.
Además, este tipo de crisis plantea enormes retos para las ciudades o municipios de acogida, como Ocaña, al aumentar la demanda de servicios básicos, atención humanitaria y apoyo social. Las instituciones estatales deben responder a corto y mediano plazo para garantizar no solo la protección física de los desplazados, sino también la recuperación integral de sus derechos y su inserción digna en nuevos contextos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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