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La reciente sesión de emergencia llevada a cabo en Caldas puso en evidencia la magnitud de la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano. En dicho encuentro, autoridades públicas, gerentes de hospitales y representantes de entidades promotoras de salud (EPS) discutieron el grave impacto que la deuda acumulada está teniendo sobre la prestación de servicios médicos. Particularmente, la Nueva EPS—que actualmente se encuentra bajo intervención estatal—ha sido señalada como responsable de cerca del 60% de la deuda total, generando como consecuencia directa el cierre de unidades médicas, el desabastecimiento de medicamentos y serias dificultades para garantizar la atención a los pacientes, según datos presentados durante la sesión.
La diputada Viviana Zuluaga expresó de manera enfática que la crisis exige acciones urgentes para estabilizar la situación financiera y asistencial. Subrayó que la reforma a la salud, actualmente en discusión, podría fracasar si no se garantiza que la vida de los pacientes tenga prioridad por encima de los intereses políticos o partidistas. Además, la diputada Zuluaga recalcó que la problemática no se limita a cuestiones económicas; existen importantes retos en la articulación entre las diferentes autoridades y actores del sistema, los cuales siguen poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas atendidas.
Uno de los factores que agudiza el panorama es la falta de comunicación y coordinación entre las autoridades y las EPS. Se reporta que los recursos, aunque existen, no están siendo distribuidos de manera adecuada, lo que incrementa la crisis asistencial e impide que los hospitales puedan cumplir con su función principal. Esto ha derivado en un ciclo de deudas impagas, recorte de servicios y desconfianza hacia las instituciones de salud, condición que afecta tanto a hospitales privados como públicos.
El origen de esta crisis no es nuevo; el sistema de salud colombiano lleva años experimentando dificultades estructurales y la reforma, objeto de múltiples debates, aún no logra una implementación eficaz. La persistencia de las deudas y la falta de suministro de insumos básicos afecta de manera directa la calidad del servicio ofrecido a la población. Los testimonios de los distintos actores reunidos en la sesión de Caldas dan cuenta de cómo, más allá de cifras, existen personas y comunidades en riesgo de perder el acceso a la salud.
En este contexto caracterizado por falta de transparencia y exceso informativo, la tecnología y el periodismo investigativo han cobrado especial importancia. Herramientas como NINA, creada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), permiten conectar bases de datos abiertas y analizar patrones de corrupción y malversación dentro del sistema, con el fin de identificar posibles irregularidades y mejorar la rendición de cuentas. Estas plataformas son vistas como clave para detectar anomalías en el flujo de fondos y en la asignación de recursos, aportando claridad y sustento a la demanda de soluciones urgentes.
Finalmente, la crisis actual exige del gobierno nacional respuestas concretas y inmediatas, entre ellas el giro directo de los recursos a las instituciones hospitalarias y la garantía de atención a los pacientes por encima de cualquier motivación política. La advertencia de la diputada Zuluaga—quien señaló el riesgo de que el daño causado por esta crisis supere incluso el experimentado en la pandemia de COVID-19—es un llamado a la acción para líderes y sociedad civil. Un enfoque integral que considere el aspecto financiero, político y administrativo se torna vital para proteger el derecho fundamental a la vida y la salud y evitar que la situación se torne aún más grave.
¿Qué papel juegan las veedurías en el control de los recursos en salud?
La existencia de veedurías ciudadanas en el sector salud ha sido una respuesta ante la falta de control sobre los recursos y la distribución de los mismos dentro del sistema. Estos organismos, conformados en su mayoría por líderes sociales y ciudadanos, buscan supervisar el destino de los fondos y la transparencia en la gestión de las EPS y hospitales. Su relevancia se ve evidenciada cuando surgen situaciones de opacidad, pues permiten visibilizar irregularidades que afectan directamente la atención en salud.
Las veedurías, acompañadas por herramientas digitales especializadas, pueden ser un puente entre la comunidad y las autoridades encargadas, facilitando el acceso a la información y motivando la implementación de medidas correctivas. Así, en un contexto donde la corrupción y el mal manejo de recursos contribuyen a agravar la crisis, la labor de estos actores sociales se convierte en parte del tejido que puede fortalecer la vigilancia y el autocuidado institucional.
¿Por qué es importante priorizar la vida sobre los intereses políticos en la reforma a la salud?
La reforma al sistema de salud ha generado intensos debates en el ámbito político, pero la experiencia reciente muestra que ante las crisis asistenciales, la prioridad debe ser garantizar el derecho efectivo a la salud de toda la población. De acuerdo con las advertencias recogidas por la diputada Viviana Zuluaga, cuando los intereses partidistas se anteponen a la vida, las consecuencias pueden ser catastróficas y de alcance social masivo.
Poner como eje central al paciente permite que las discusiones alrededor de la reforma se enfoquen en la prestación de servicios y la protección de los más vulnerables, restando espacio a disputas mezquinas que pueden frenar las soluciones. Asegurar los recursos, mejorar la articulación administrativa y promover acuerdos interinstitucionales son pasos fundamentales para revertir el deterioro y construir un sistema de salud más justo y eficiente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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