El Procurador General, Fernando Carrillo, explicó:

“Nosotros nos estamos refiriendo a las acciones de carácter disciplinario, que cobijan a personas que al servicio del Estado, de los órganos de carácter territorial, gobernadores, alcaldes, en fin; a todos aquellos que ostentando la investidura de funcionarios públicos hayan participado en actividades relacionadas con violaciones de los derechos humanos”.

Recordó que se pone fin a la norma que fijaba la prescripción de los procesos disciplinarios en 12 años, y así se protege a la sociedad de que eso suceda y se presente una acción que “limita necesariamente los derechos de las víctimas”.

El jefe de la entidad agregó: “Si nosotros somos los defensores de los derechos de las víctimas no podemos aceptar ningún tipo de prescripción en materia de este tipo de conductas”.

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El anuncio se hizo en la instalación del II Foro Interamericano de Derechos Humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En el evento, Carrillo señaló que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) está llamado a ser el mayor aliado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y un instrumento fundamental en la tarea de actualizar las democracias americanas.

A su turno, el presidente Iván Duque Márquez invitó a la modernización del sistema y solicitó fortalecer los mecanismos para una mayor transparencia y claridad en la selección de los casos, con el fin de entregar mejores garantías a las personas que acuden al SIDH para proteger sus derechos.

Así mismo, hizo un llamado para que se pueda tener “sanciones proporcionales severas, si es que no somos capaces de lograrlo a través de nuestras propias estructuras jurídicas”.