En las últimas horas, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, adjudicó el secuestro de 9 personas desde el pasado 7 de agosto de 2018, cuando Duque se juramentó como nuevo Jefe de Estado.
– El primero fue justo un día después, el 8 de agosto, cuando se llevaron a los soldados Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando, Eduardo Caro Bañol en la vereda Agua Viva, zona rural del municipio de Fortul, en Arauca.
– A mediados de septiembre el bloque noroccidental del Eln se llevó a Mayerly Cortés Rodríguez, de 16 años, porque supuestamente era “informante de las Fuerzas Armadas”. Una semana después la entregó a una comisión de la Defensoría del Pueblo.
– El 27 de septiembre secuestraron a la comerciante Diana María Toro Vélez en el municipio de Amagá, en el suroeste antioqueño y que todavía está en poder de ese grupo.
– Por otro lado, el cabo primero del Ejército Ángel Mauricio Acevedo Torres fue raptado el pasado fin de semana por sujetos armados del Eln en zona rural del municipio de Villa del Rosario y, al parecer, lo llevaron a Venezuela desde entonces.
– El hecho más reciente fue el ataque a un helicóptero que transportaba valores en zona rural de San José de El Tarra, en Hacarí (Norte de Santander). En ese hecho, incineraron la aeronave, robaron 1.700 millones de pesos y secuestraron a los tres tripulantes Julio Díaz Guiza, Maxwell Joya García y Carlos Quiceno Ramírez.
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Por otro lado, Ceballos recordó que esa guerrilla ha atentado 33 veces contra el oleoducto Caño Limón Coveñas desde el pasado 11 de agosto. En lo que va de 2019 han sido 5 ataques y en 2018 fueron 89 en total.
Además, los diferentes bloques del Eln tienen en su poder 16 secuestrados de los que no brindan ningún tipo de información y se desconoce su suerte. Por eso, el comisionado de Paz indicó que con el más reciente atentado a la Policía Nacional confirma que “el Eln no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz” para reiniciar los inciertos diálogos con el gobierno.
Cabe resaltar que estos hechos reseñados por Ceballos son solo los más recientes, pero hacen parte de una larga lista de crímenes que no se incrementó en los últimos meses sino que ha sido constante durante los 50 años de conflicto interno colombiano.
Desde su llegada al poder en agosto, Duque había dejado en suspenso los diálogos que sostenía su antecesor Juan Manuel Santos con el Eln desde 2017, primero en Quito y luego en La Habana, donde están los negociadores de paz de esa organización armada.
El mandatario impuso condiciones de diálogo que fueron rechazadas por la guerrilla y que incluían precisamente el cese definitivo de las “actividades criminales” como el secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera.
Aun así, la guerrilla venía insistiendo a Duque en que retomara las conversaciones sin exigencias previas. “El proceso estaba prácticamente acabado y (este atentado del Eln) es una declaración de guerra”, afirmó Ariel Ávila, experto de la Fundación Paz y Reconciliación.
El ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander deja sin oxígeno el moribundo proceso, según analistas, que ponen en entredicho la unidad de mando de la guerrilla.
“Los autores del atentado son la parte más dura del Ejército de Liberación Nacional (…), que siempre ha estado en contra de la salida política”, dijo por su parte el investigador Camilo Echandía.
Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en ciudades, el Eln se alzó en armas en 1964 y es la última guerrilla reconocida en Colombia tras el acuerdo de paz que condujo al desarme y transformación en partido de las Farc.
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