De acuerdo con Darcy Quinn, de esa emisora, después de la vacancia judicial, la Corte va a evaluar este hecho y tomará una de dos decisiones, o las dos.
La primera será “pedirle a la Cancillería un informe sobre qué ha hecho desde el pasado 7 de agosto [cuando se posesionó el nuevo gobierno] para insistir en la extradición de Arias hacia Colombia”, dijo Quinn.
En ese sentido, este miércoles el gobierno de Estados Unidos negó la libertad de Arias solicitada por Santos, e incluso dijo que la extradición a Colombia del exministro de Agricultura es inminente.
La otra es solicitar al Gobierno que se respete la separación de poderes. “Algunos magistrados temen que el Gobierno decida tomar partido a favor de Arias y que su primera acción en este sentido sea la carta de Santos”, agregó la periodista.
En esa carta, Santos, actuando en nombre del Gobierno de Colombia, asegura que “Arias no representa un riesgo de fuga” y que su “encarcelación es innecesaria”. Además, apela a la conmiseración para que la justicia de Estados Unidos considere el hecho de que el exministro prófugo pueda pasar la Navidad con su esposa e hijos.
Quinn sostuvo que Santos, “no de manera oficial, ha dicho que envió esta carta por orden o en concordancia con el Canciller, Carlos Holmes Trujillo, que visitó a Arias en la cárcel de Miami antes de su posesión, y del presidente Iván Duque”.
“Es decir que esta no es una decisión personal de Santos, sino del Gobierno. Esto, sin duda, será uno de los temas álgidos del 2019, porque va a enfrentar a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno”, advirtió.
Por su parte, Darío Arizmendi dijo: “De pronto, al Gobierno colombiano, a Duque, y al expresidente Uribe, si tuvo algo que ver en el tema, uno supone que sí, se les olvidó que también Arias había sido sancionado para ocupar cargos públicos por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, que es del Centro Democrático”.
El jurista Hernando Herrera, de la mesa de trabajo de esa emisora, siguiendo con esa línea, recordó que Arias fue sancionado por tres instancias distintas: “La condena de la Corte Suprema de Justicia de 17 años por múltiples delitos, la de destitución por 15 años para ocupar cargos públicos que le impuso la Procuraduría de Ordóñez, y la sanción que le impuso por detrimento patrimonial la Contraloría de Sandra Morelli por más de 10.000 millones de pesos”.
“El tema es si va a entrar el Gobierno a enfrentarse a la Corte Suprema de Justicia, que ha pedido la extradición de Andrés Felipe Arias”, volvió a plantear Quinn, con miras al año entrante.
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