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El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena impuesta a Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien se desempeñó como exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su implicación en un sonado caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Aunque el Tribunal mantuvo la sentencia en firme, ajustó la pena a nueve años, 11 meses y 27 días de prisión. Estupiñán Bravo fue hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos, según informó la Fiscalía General, en una investigación liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, Estupiñán Bravo tuvo un papel clave en el direccionamiento y la adjudicación irregular de un contrato de la Ungrd, por un valor de 29.000 millones de pesos. El objeto del contrato era proveer 40 carrotanques que debían destinarse a la atención de la crisis de agua en La Guajira. Sin embargo, la investigación reveló que el condenado presentó una certificación, supuestamente válida, que garantizaba la entrega inmediata de los vehículos. Dicha información resultó ser falsa, pues los carrotanques aún estaban en etapa de ensamblaje cuando se aprobaron los desembolsos.
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, Estupiñán Bravo y otros involucrados autorizaron pagos por 25.375 millones de pesos pese a la situación irregular. Además, la Fiscalía detectó sobrecostos que sumaron 11.114 millones de pesos. De ese monto, señaló que el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos y beneficiaron a terceros con 6.784 millones adicionales.
La pena impuesta incluye, además de la prisión, una inhabilidad por el mismo periodo para ejercer derechos y cargos públicos, así como dos multas: una por los dineros apropiados (5.000 millones de pesos) y otra cercana a 144 millones de pesos, correspondiente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otro lado, según la Fiscalía, un juez avaló un principio de oportunidad que involucra la colaboración de Estupiñán Bravo a cambio de proporcionar información sobre otros responsables, resarcir económicamente a las víctimas e impulsar obras conmemorativas para las comunidades indígenas afectadas. Este acuerdo implica el cese parcial de la acción penal, específicamente por los delitos de falsedad en documentos público y privado.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles fueron los delitos por los que fue condenado Francisco Javier Estupiñán Bravo en el caso Ungrd?
Estupiñán Bravo fue condenado por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como por interés indebido en la celebración de contratos. Estos delitos se derivan de su intervención en la adjudicación irregular de un millonario contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según la Fiscalía.
¿Qué es el principio de oportunidad y cómo benefició a Estupiñán Bravo?
El principio de oportunidad es una figura jurídica que permite la suspensión o terminación parcial de la acción penal bajo ciertas condiciones, como la colaboración con la justicia. En este caso, Estupiñán Bravo accedió a este principio al comprometerse a aportar información sobre otros implicados, reparar daños económicos y promover obras conmemorativas para las comunidades indígenas afectadas, lo que derivó en la cesación parcial de la acción penal en su contra por algunos delitos.
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