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Un reciente análisis puso el foco en los contratos de obra pública que superan individualmente los $1.000 millones, utilizando la información disponible en la plataforma SECOP 2 con corte al 28 de noviembre de 2025. Esta evaluación buscó establecer tendencias y problemas recurrentes en la ejecución de estos proyectos significativos para el desarrollo urbano y la infraestructura local.
De acuerdo con los hallazgos reportados por la Corporación Cívica de Caldas (CCC), casi la mitad de los contratos analizados reportaron suspensiones en su ejecución. Esto resulta relevante porque las suspensiones no solo retrasan el avance de las obras, sino que también pueden generar incertidumbre sobre la fecha de conclusión y afectar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. Asimismo, un 30% de los contratos requirieron prórrogas, lo que implica una extensión de los plazos originalmente pactados y la posibilidad de que las obras concluyan mucho después de lo previsto.
Detallando aún más, la CCC identificó que once contratos (representando el 48%) fueron interrumpidos durante su ejecución, afectando directamente el calendario y las entregas programadas. Por otro lado, tres contratos (13%) registraron adiciones presupuestales, lo que significa que demandaron más recursos económicos de los inicialmente asignados, una situación que puede impactar la transparencia y eficiencia en la administración del dinero público. Además, hubo casos de cesión de contratos por parte de los contratistas originales, así como cesiones de derechos económicos en dos contratos y, finalmente, un caso en el que se impuso una multa por incumplimiento por parte del contratista.
Frente a este panorama, la CCC advirtió que, a pesar de que varias obras continúan sin mayores alteraciones en sus costos o tiempos de entrega, la magnitud y frecuencia de estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de mejorar la planeación, fortalecer la evaluación financiera y asegurar un seguimiento más riguroso de los contratos estatales.
En búsqueda de profundizar en las causas y posibles respuestas institucionales ante las problemáticas identificadas, el medio LA PATRIA contactó a la Secretaría de Infraestructura de Manizales. Sin embargo, para el cierre de la nota no se había obtenido respuesta sobre los señalamientos y recomendaciones hechos por la veeduría ciudadana.
Estos resultados subrayan el reto permanente en la supervisión de la inversión pública, y llaman la atención sobre la importancia del control social y la transparencia administrativa para lograr obras más oportunas y eficientes.
¿Qué significa una cesión de derechos económicos en un contrato de obra pública?
El término “cesión de derechos económicos” suele aparecer en el contexto de la contratación estatal. Consiste en que el contratista original transfiere a un tercero el derecho a recibir los pagos derivados de la ejecución de un contrato de obra pública. Esta figura puede responder a acuerdos comerciales o necesidades de liquidez del contratista.
La cesión de derechos económicos está sujeta a requisitos y debe ser aprobada por la entidad contratante, para asegurar que no se afecten los intereses públicos ni la correcta ejecución del contrato. La relevancia de este mecanismo radica en que, aunque el contratista original siga siendo responsable por la obra, el pago ya no ingresará directamente a sus arcas, sino a quien haya adquirido esos derechos. Esta dinámica, cuando no se gestiona con estricto control, puede añadir complejidad a la supervisión de los proyectos y sus flujos financieros.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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