Este lunes el Congreso recibió a las víctimas que dejó el estallido social de 2021, en el que se denunciaron violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes. Durante el encuentro, que recibió a víctimas, defensores y congresistas, se expusieron las preocupaciones y peticiones de las víctimas y familias por la persecución, asesinato, encarcelación y amenazas que han sufrido desde el Paro Nacional.

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La reunión estuvo liderada y moderada por la Comisión Accidental que se creó en el Congreso para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos para personas capturadas en el marco de la protesta. En el espacio, al cual se conectaron víctimas de varias zonas del país en el que ocurrieron estos hechos, estuvo cargado con las voces de víctimas de lesiones oculares, familiares de asesinados y desaparecidos, así como de defensores de Derechos Humanos y legisladores quienes se pronunciaron al respecto.

La audiencia pública tenía como objetivo socializar el plan de trabajo de esta comisión, relacionándola con “los problemas derivados del indebido uso del derecho penal para dar tratamiento a la protesta social”, según explicaron los congresistas. Asimismo, buscaba que se expusieran algunas soluciones a la “criminalización de la movilización social”.

Una a una pasaron las más de 70 víctimas y familias de los afectados, quienes narraron las historias de las que fueron protagonistas y las cuales les costaron arrestos, persecución, criminalización y desaparición. En ese espacio, las víctimas, muchos de ellos integrantes de la Primera Línea, y sus familias expusieron que se consideran perseguidas por el Estado que históricamente, según aseguraron, les ha violado su derecho a la protesta social.

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Por otra parte, algunas organizaciones se hicieron presentes, incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual expuso que han identificado que “durante el Paro Nacional se presentaron dos modalidades de restricciones a la libertad personal de manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica”. La vocera de la organización explicó que una de las modalidades fue “la privación de la libertad de manifestantes en circunstancias que no están definidas en la ley”.

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De igual manera, explicó que la segunda modalidad fue “la privación de la libertad mediante el abuso y la desnaturalización de la medida administrativa de traslado por protección”. La ONU, según dijeron, documentó que en un gran número de casos atendidos no se respetaron los protocolos ni se respetaron los derechos de los manifestantes y que además no se les garantizó el derecho a la defensa una vez capturados.

Tras a intervención de todos los asistentes, que se extendió por más de tres horas, habló el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe. El legislador aseguró que “el Congreso se siente muy honrado con la visita que tuvimos hoy de todos los asistentes, quienes le rendimos hoy un homenaje a quienes están en prisión, son perseguidos o ha desaparecido en el Paro Nacional”.

Finalmente, el representante concluyó el encuentro diciéndole a las víctimas y a sus familiares que “este es otro Congreso y este es otro Gobierno. Este Gobierno no va a salir a las calles a asesinar a los jóvenes, a mutilarlos, a violar a las chicas en las protestas ni a obstruir un derecho fundamental como es el derecho a la protesta social”. Uribe aseguró que con el encuentro el Legislativo va a trabajar y a “tratar de cumplirle al país” para que los detenidos en las protestas recobren su libertad.

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