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El panorama de las relaciones al interior de los colegios en Manizales evidencia un tema de gran complejidad debido a las tensiones y conflictos que surgen cotidianamente. Giovanny Herrera, coordinador del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), insiste en la importancia de fomentar el diálogo y la mediación dentro de las instituciones educativas. Para Herrera, el enfoque pedagógico debe ir más allá de la transmisión de conocimientos académicos: es imprescindible formar estudiantes en valores de convivencia, respeto y paz. Considera esencial que las escuelas habiliten espacios en los que sea posible dialogar y construir soluciones en conjunto frente a los desafíos diarios, promoviendo así la prevención antes que la reacción ante conflictos.
La situación se torna aún más delicada cuando se presentan agresiones, ya sean psicológicas o físicas, por parte de miembros del personal escolar hacia los estudiantes. Según Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación de Manizales, la agresión por parte de cualquier integrante del colegio es inaceptable en cualquier circunstancia. Por ello, la Secretaría implementa estrategias para el manejo de emociones, acciones preventivas y vigilancia continua, y exige la denuncia de toda agresión, de manera que ninguna situación permanezca oculta. Cuando se reporta un caso, se activa una ruta de atención de inmediato. Sin embargo, aclara Betancourth, la Secretaría no puede sancionar, sino que su rol se limita a acciones internas como trasladar provisionalmente al presunto involucrado para proteger a la supuesta víctima durante la investigación.
Las investigaciones y posibles sanciones recaen en manos de la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación. Mientras la Personería adelanta procesos disciplinarios relacionados con acusaciones de acoso y maltrato por parte de directivos, auxiliares administrativos y docentes, la Procuraduría se encarga de casos relacionados con vulneraciones graves de derechos. Un ejemplo de esto ocurrió en 2022, cuando la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales presentó cargos contra un docente acusado de agredir física y psicológicamente a estudiantes, conducta calificada provisionalmente como falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, es decir, con intencionalidad.
Estos procesos pueden extenderse por periodos importantes, lo que genera incertidumbre y afecta el funcionamiento escolar, pues los presuntos responsables suelen ser separados del cargo mientras se resuelven los casos. Betancourth subrayó que la lentitud de los fallos, como el caso del profesor que renunció tras la apertura de la investigación, puede dificultar el remplazo y mantener en vilo a la comunidad educativa.
En este contexto, Herrera recalca la necesidad de acudir a la mediación y evitar la violencia como respuesta a los conflictos cotidianos en los colegios. La labor docente se reconoce como exigente, dadas las condiciones laborales y la diversidad de estudiantes, pero ninguna tensión justifica una reacción violenta. Herrera aboga por revisar los procesos de convivencia y educativos, y por la generación sistemática de espacios de diálogo y encuentro, entendiendo que la educación implica, además de instruir, formar en el manejo pacífico de las diferencias y en la búsqueda de soluciones dialogadas.
La reflexión que surge a partir de estos hechos invita tanto a estudiantes como a docentes a examinar de qué manera se está construyendo el día a día escolar y cómo se podría fortalecer una cultura institucional orientada al entendimiento, la mediación y el respeto mutuo.
¿Qué rutas existen para denunciar agresiones en instituciones educativas?
Las denuncias de agresiones dentro de colegios en Manizales se deben canalizar correctamente para proteger los derechos de los menores y garantizar la atención adecuada de los casos. Tal como indica Andrés Felipe Betancourth, todas las situaciones de agresión deben ser reportadas y tratadas a través de rutas institucionales establecidas, como la notificación inmediata a la Secretaría de Educación. Esta entidad activa mecanismos internos de protección, aunque la imposición de sanciones corresponde a órganos de control externos como la Personería Municipal o la Procuraduría General de la Nación.
La importancia de conocer y utilizar estas rutas radica en asegurar que ningún caso quede sin atender y en brindar confianza a la comunidad educativa. Tener claridad sobre los procedimientos permite que estudiantes y familias se sientan respaldados en la búsqueda de justicia y previene la repetición de comportamientos que puedan afectar el bienestar y la convivencia dentro de las instituciones educativas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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