Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Feb 11, 2026 - 6:03 pm
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El 12 de marzo de hace dos años marcó un hito en la relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación. Esa tarde, tras semanas de especulación y expectativa en torno a la votación de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general. El presidente Petro, celebrando el resultado, aseguró que el país presenciaba un “viraje” en la Fiscalía, abriendo la puerta a un modelo institucional más “pulcro”. Este anuncio representó, en el discurso oficial, el inicio de una nueva etapa caracterizada por cooperación y menor confrontación, especialmente tras los duros desencuentros con el anterior fiscal.

Los primeros meses estuvieron marcados por la esperanza de una relación más armoniosa. El Gobierno veía en Camargo un perfil idóneo para rebajar las tensiones, pero esa sintonía fue efímera. Con el pasar de los meses, surgieron señales de incomodidad. Mientras algunos funcionarios del gabinete manifestaron preocupación por la aparente lentitud de las investigaciones y su orientación, Camargo advirtió públicamente que su gestión seguiría siendo autónoma, sin abrir puerta a injerencias políticas, según relató El Colombiano. Así pues, la Fiscalía asumió una postura independiente respecto al Ejecutivo, lo que pasó de ser motivo de celebración a una fuente de tensiones crecientes.

La naturaleza de la relación entre Petro y sus aliados ha sido inestable, un rasgo que se refleja en la salida rápida de más de 60 ministros durante su administración. En ese contexto, no sorprende que el distanciamiento con la fiscal se manifestara pronto. La primera señal clara llegó el 25 de marzo de 2025, cuando Petro, en un Consejo de Ministros transmitido en vivo, criticó abiertamente la gestión de Camargo, señalando que la Fiscalía estaba “paralizada” ante casos emblemáticos como el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. El mandatario expresó su frustración ante lo que percibía como falta de resultados claros, llegando a cuestionar la dirección de los esfuerzos investigativos de la entidad.

Camargo, por su parte, mantuvo la calma y optó por la prudencia. Su estilo discreto ha suscitado incluso el apodo de “la fiscal silenciosa”. No ha hecho de las fricciones un espectáculo mediático, limitándose a recordar la autonomía que la ley otorga a la Fiscalía, incluso frente a embestidas públicas.

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Otras diferencias se visibilizaron con motivo de la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe. El presidente llegó a enunciar hipótesis personales, sugirió intervención internacional y, de acuerdo con versiones citadas por El Colombiano, esas acciones complicaron la labor fiscal y el manejo de información reservada. Camargo, respondiendo con firmeza, pidió evitar la injerencia y recordar las competencias propias de cada poder.

El panorama se tensó aún más con la política de “paz total” propuesta por Petro, que pretendía negociaciones amplias con grupos armados. En ese proceso, la Fiscalía, encabezada por Camargo, frenó decisiones que consideraba fuera del marco legal, originando nuevas diferencias. Petro interpretó esta posición como falta de respaldo e insinuó, incluso, motivaciones personales ligadas al temor por sanciones internacionales.

Episodios recientes, como la falta de extradición de alias ‘Mono Gerley’ desde España, acusado de lavado de activos para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las acusaciones públicas sobre supuestos vínculos del esposo de la fiscal con el abogado Abelardo de la Espriella, han alimentado el clima de desconfianza. Cada nueva confrontación ha dejado claro que la supuesta luna de miel se disolvió, y que lo que impera hoy es una relación vigilante y recelosa, con la independencia de la Fiscalía puesta a prueba y el Gobierno optando por la confrontación pública, mientras Camargo responde sosteniendo la institucionalidad y la prudencia.

¿Qué significa la autonomía de la Fiscalía General de la Nación?
En el contexto colombiano, la autonomía de la Fiscalía General de la Nación implica que este organismo debe actuar con independencia frente al poder Ejecutivo y los demás poderes, guiándose solo por la ley y la Constitución. La relevancia de esta autonomía es fundamental para garantizar la imparcialidad en las investigaciones y para evitar cualquier influencia indebida en el desarrollo de los procesos penales.
Esta condición se ha puesto especialmente a prueba durante la gestión de Luz Adriana Camargo, como se evidencia en los múltiples episodios de fricción con la presidencia de Gustavo Petro, donde tanto los límites institucionales como el respeto mutuo entre poderes han quedado al descubierto ante la opinión pública. Ello plantea preguntas sobre el futuro de la relación entre Gobierno y Fiscalía, y sobre cómo asegurar que la protección de la autonomía se mantenga en escenarios políticos cambiantes.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.

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