El fallo condenatorio estableció que “se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (…) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas”, informó la agencia EFE.

Los hechos, aclaró el tribunal, se generaron por la “omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, en tanto que no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes”.

A pesar de que los responsables de la masacre que provocó el desplazamiento de 1.195 personas son los grupos insurgentes, el Tribunal determinó que el Estado debía proteger a los pobladores luego de ese hecho.

El 2 de mayo de 2002 la entonces guerrilla de las Farc, que sostenía un enfrentamiento con las Autodefensas por el control territorial, lanzó un cilindro bomba que estalló en una iglesia católica en la que se encontraban escondidos los lugareños. Ese ataque mató a 79 personas, entre ellas 48 niños, y dejó más de 100 heridos.

“Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos”, concluyó el tribunal.