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La Policía Nacional, en coordinación con el área de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía de Antonio Nariño, llevó a cabo la semana pasada un total de 176 suspensiones de establecimientos comerciales debido al incumplimiento de la normativa establecida, según explicó Mary Blanco, directora del IVC. De acuerdo con Blanco, el 99 % de los comerciantes no cumple con casi ningún documento requerido para operar legalmente. Entre los documentos que más suelen faltar están la inscripción en la Cámara de Comercio y los permisos por derechos de autor.
Ante la pregunta sobre si los comerciantes reciben algún tipo de información acerca de los requisitos legales, la directora del IVC aseguró que sí se realizan campañas pedagógicas y sensibilizaciones. Sin embargo, también señaló que la comunidad no toma en serio estas iniciativas, lo que lleva a la aplicación reiterada de sanciones. De acuerdo con estas declaraciones, más de 176 negocios han enfrentado sanciones recientemente.
Las reacciones de los propietarios de comercios ante esta situación son diversas. Lady Suárez, quien administra un local de telefonía móvil, sostiene que los controles y requisitos exigidos generan mayor presión sobre los pequeños negocios, principalmente por las implicaciones económicas, como los impuestos y certificaciones adicionales —por ejemplo, los de bomberos— que incrementan los gastos. Suárez argumenta que, pese a las exigencias, no reciben apoyo económico ni protección por parte de la Alcaldía.
Por su parte, Jaime Sánchez, comerciante de relojes, reconoce que la vigilancia policial, que ocurre cada dos horas, ha mejorado la seguridad en la zona. Sin embargo, expresa su inconformidad con algunos documentos obligatorios, como el certificado de suelos o el de Bomberos, ya que considera que los trámites para obtenerlos son complicados y costosos.
La Alcaldía local, en su declaración oficial, señala que la mayoría de los comercios incumplen con los requisitos mínimos para operar, pero también admite que los documentos más difíciles de obtener requieren apoyo de la Secretaría de Planeación Urbana. A pesar del aumento en la vigilancia y el acompañamiento de la Policía y entes de control, tanto la Alcaldía como los comerciantes coinciden en que el impacto de estas medidas ha sido limitado, pues la mayoría no logra ponerse al día con la normatividad vigente y tampoco reciben ayuda para facilitar los trámites o reducir sus costos.
Según balances de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, estas intervenciones hacen parte de un plan integral para organizar el espacio público y proteger los derechos de los habitantes. No obstante, el gremio de comerciantes del Restrepo critica que los operativos solo suman sanciones sin beneficiar realmente al comercio ni a los consumidores.
Es relevante destacar que, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), no existen diferencias legales entre grandes establecimientos y pequeños emprendedores respecto a los estándares de documentación y seguridad. Esto ha generado inquietud entre los comerciantes formales del sector, quienes se preguntan si es equitativo exigir los mismos requisitos en zonas con alta informalidad, donde muchos ocupan el espacio público sin cumplir los mismos requerimientos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los principales documentos exigidos a los comerciantes del Restrepo por la Alcaldía?
Los principales documentos que exige la Alcaldía a los comerciantes incluyen la inscripción en la Cámara de Comercio, permisos de derechos de autor y certificados específicos como el de bomberos o el certificado de uso de suelos. Según Mary Blanco, directora del IVC, la mayoría de los comerciantes del sector Restrepo no cumple con estos requisitos, lo que ha dado lugar a numerosas suspensiones y sanciones.
¿Por qué los comerciantes del Restrepo tienen dificultades para cumplir con la normatividad vigente?
De acuerdo con los testimonios recogidos por el IVC y comerciantes como Lady Suárez y Jaime Sánchez, la principal dificultad radica en los altos costos y la complejidad de los trámites administrativos necesarios para obtener los documentos exigidos por la Alcaldía. Aunque existen jornadas de pedagogía, tanto autoridades como comerciantes coinciden en que el problema no es el desconocimiento de la norma, sino la carga económica y la falta de apoyo efectivo para regularizar sus negocios.
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