El nuevo hecho que pone en la picota pública al alto oficial, ya afectado por otros escándalos recientes, como las directrices que revivirían los ‘falsos positivos’, la supuesta corrupción en el Ejército y la cacería de quienes estarían entregando información a la prensa, lo reveló El Espectador.

Martínez, según ese diario, se ha negado a entregar la información al colectivo de periodistas Rutas del Conflicto, que hace parte de la Liga contra el Silencio, que el 14 de febrero presentó un derecho de petición al Ejército para que les informara cuántos convenios había suscrito con empresas del sector de hidrocarburos.

El colectivo no obtuvo respuesta, y por eso interpuso una tutela en el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá. Ese despacho, agrega al periódico, le ordenó el 29 de marzo a Martínez que le informara a Rutas del Conflicto, en un plazo máximo de 48 horas, los números de radicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública de los convenios de cooperación con empresas de hidrocarburos desde 2002 hasta 2019.

El 2 de abril, el Ejército respondió que no podía entregar lo requerido aduciendo razones de reserva y seguridad nacional. “Los periodistas insistieron y el 30 de julio pasado el director de convenios del Ejército, teniente coronel Carlos Humberto Hernández, les respondió que le daría trámite a la petición”, agrega El Espectador.

Pero Rutas del Conflicto le dijo a ese medio que no entregaron la información solicitada. En consecuencia, el colectivo de periodistas instauró un incidente de desacato, y el 23 de agosto pasado el juzgado requirió entonces al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, para que “haga cumplir en su integridad la decisión del 29 de marzo”.

La orden del despacho judicial es que se “inicie el correspondiente procedimiento disciplinario contra el general Nicacio Martínez”, cita el diario bogotano, y que el general Navarro rinda un informe en el que manifieste “si procedió a hacer cumplir el fallo” y “si procedió a la apertura del respectivo proceso”.

Según El Espectador, el juez le dio dos días contados a partir de la fecha de notificación, y los “términos van corriendo”.